En Ginebra, Suiza, durante el 42 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el vicecanciller nicaragüense Valdrack Jaentschke en nombre del Estado de Nicaragua rechazó el informe de Michelle Bachelet porque no tomó en cuenta la realidad actual del país, y porque se basó en informes sesgados, parcializados y arbitrarios, que no corresponde a un informe metodológicamente serio.
“La falta de rigor metodológico en la elaboración del informe, hace que su contenido, conclusiones y recomendaciones carezcan de veracidad y credibilidad”, señaló, observando que el enfoque de la OACNUDH “minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional, calificándolas de “protestas pacíficas".
“Repiten, sin verificar, noticias falsas contra el Estado de Nicaragua, haciendo señalamientos con ligereza, como el supuesto uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones en los centros de detención, entre otros. Lo cual no es cierto”, rechazó Jaentschke.
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“En el contexto descrito y en todo el informe se omiten de forma deliberada los actos de terrorismo, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, robos con intimidación, incendios, extorsiones y otros delitos de crimen organizado, con la utilización de armas de todo tipo (incluyendo armas de guerra), perpetrados por supuestos “protestantes pacíficos” desde los más de 1,300 tranques que paralizaron el país”, observó.
Agregó que “impidieron el libre tránsito internacional de personas y vehículos, cometidos en contra de la población, ensañándose en los sectores más vulnerables: mujeres, niños, niñas y enfermos, así como en contra de miembros de la Policía Nacional, Funcionarios Públicos y simpatizantes sandinistas, de todo lo cual el Estado de Nicaragua sí ha presentado evidencias”.
“La OACNUDH denomina estos tranques como simples “bloqueos de carretera y barricadas” y las acciones criminales cometidas las califica “simples abusos”, cuando en realidad constituyeron graves delitos”, cuestion.
Jaentschke profundizó que “se hacen afirmaciones subjetivas sin ningún fundamento, al pretender cuestionar la independencia, legitimidad y legalidad del Poder Legislativo, electo por sufragio universal” para tratar de demeritar su autoridad constitucional en materia de aprobación de leyes.
“En relación a la supuesta restricción del derecho a la reunión pacífica por parte de la Policía Nacional de Nicaragua. La Policía Nacional no ha prohibido las manifestaciones públicas, ya que en el período analizado no recibió solicitudes que cumplieran con los requisitos de ley, que son similares a las de muchos países en el mundo, para mantener el orden”, afirmó Jaentschke.
Hacer cumplir la ley
“La Policía Nacional tiene por misión Constitucional y Legal proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes. La presencia policial en los lugares públicos obedece al cumplimiento de su misión a favor de todos los nicaragüenses, sin ningún tipo de exclusiones, lo que ha permitido que Nicaragua presente los mejores índices de seguridad ciudadana en la región”, dijo Valdrack Jaentschke.
Aseguró que “en Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación. Los periodistas ejercen sus labores sin censura previa, ni restricción” y que “ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho a informar”.
Caso de las ONG's
“De 7,227 ONGS registradas, nueve Asociaciones perdieron su personalidad jurídica, por desnaturalizar sus fines y objetivos, utilizaron al organismo para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos ilícitos en el contexto del intento de Golpe de Estado, violando sus propios estatutos”, manifestó.
Sin pruebas
“Los párrafos referidos a supuestas detenciones y encarcelamientos arbitrarios e ilegales son improcedentes, por cuanto los datos presentados no se sustentan en ninguna fuente demostrable. No existe ningún patrón de detención arbitraria. La Policía Nacional cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y leyes de la República. En Nicaragua no existen desapariciones forzadas”, explicó.
“Las actuaciones calificadas por la OACNUDH como “piquetes”, “protestas”, “levantamiento de barricadas”, “bloqueos de carreteras” “apoyo a manifestantes”, “disparo de morteros caseros contra autoridades”, entre otros, resultaron en asesinatos, homicidios, destrucción de la propiedad pública y privada, saqueo, incendio, robo en sus distintas modalidades, secuestro de personas y vehículos de transporte colectivo con sus pasajeros, entre otros, lo que además de constituir delito, generó terror y zozobra en la población. Las actuaciones de las distintas autoridades que integran el sistema de justicia penal fue conforme a Derecho y se ajustaron a las facultades que otorga la legislación, respetando todas las garantías del debido proceso”, concluyó Valdrack Jaentschke, Viceministro del exterior.
