De acuerdo al informe de las acciones realizadas por la institución encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos de Nicaragua, se atendieron a 170 familias del total de 200 personas fallecidas por los hechos violentos que se suscitaron en Nicaragua desde abril de 2018.
La procuraduría para la defensa de los derechos humanos, en cumplimiento con el mandato establecido con la constitución, dio seguimiento y monitoreo a la violencia que se tradujo en pérdidas de vidas humanas, lesiones y daños materiales que desencadenaron en graves consecuencias para la paz y la estabilidad de la nación.
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Desde la creación del comité de víctimas, el 27 de abril de 2018 se contribuyó al respeto y garantías de los derechos humanos de todas las personas afectadas en los incidentes.
El comité recepcionó las denuncias y visitó in situ a los familiares de las víctimas para investigar cada uno de los casos, “logrando visitar 170 familias del total de 200 personas fallecidas en Managua, Masaya, Granada, Carazo, León, Chinandega, Estelí, Madriz, Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales, Rio San Juan, RACCS y RACCN”, detalló Corina Centeno, procuradora para la defensa de los derechos humanos.
“La organización del registro de víctimas de personas fallecidas, personas lesionadas y afectaciones por daños materiales y destrucción de propiedad pública y privada, logrando constatar que entre las víctimas hay miembros de la Policía Nacional, ciudadanos participantes de los hechos de violencia, simpatizantes sandinistas y otros pobladores ajenos a los acontecimientos”, explica el informe.
Manifestaron que la procuraduría no registro ningún otro caso de persona desaparecida, solo la de Bismarck Martínez, subdirector de ornado de la Alcaldía de Managua a quien secuestraron grupos delincuenciales en uno de los tranques de Jinotepe el 29 de junio de 2018.
Explicaron que desde el mes de julio de 2018 se incrementó la frecuencia de visitas a los sistemas penitenciarios, donde se encontraban la mayor parte de personas privadas de libertad, “como parte de sus acciones de fiscalización, tutela y protección de los derechos humanos, actualmente estas visitas se realizan dos veces por semana”, explicó la procuradora.
Todos los informes que elaboró esta institución se presentaron en la 38, 39 y 40 sesión del consejo de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Informaron que realizaron diferentes acciones:
1-Coordinación con autoridades involucradas en el Plan Integral de Atención a las Víctimas.
2-Actualización de listados de víctimas, lesiones y todas las personas cuyas propiedades sufrieron daños.
3-Reuniones interinstitucionales con el fin de definir acciones conjuntas y dar seguimiento a la atención brindada a las víctimas y sus familias.
4-En la semana del 03 al 07 de junio de 2019, realizamos sesiones de trabajo con la delegación del Gobierno ante la mesa de negociación con autoridades del Ministerio de salud y el Ministerio de la Familia para dar a conocer el plan de trabajo e intercambiar información y coordinar acciones de trabajo.
“La procuraduría respaldó todos los esfuerzos del Estado para garantizar la atención y reparación integral a las víctimas y sus familiares en el contexto de los hechos violentos, así como continuar en la búsqueda de la reconciliación nacional, el entendimiento y la consolidación de la paz en nuestro país”, finalizó la procuradora Centeno.
