Los medios de comunicación radiales, televisivos y escritos de la oposición en Nicaragua tienen una noción antojadiza del derecho a la libertad de expresión, tan distorsionada que incluso escapa a los estándares internacionales fijados por organizaciones internacionales hostiles a cualquier modelo que se aleje del neoliberalismo.
El derecho a la libertad de expresión como todo derecho está sujeto a limitaciones y termina en donde empieza el derecho de los demás. Instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos se pronuncian sobre las restricciones a la libertad de expresión, coincidiendo en que la protección de la seguridad nacional y el orden público pueden erigirse como un límite a este derecho.
Resulta claro que los medios de comunicación de la oposición han puesto en peligro el orden público en Nicaragua a través de sus llamados a cometer Delitos contra el Orden Constitucional o de Daños a la propiedad Pública y Privada, y aun así tienen la desfachatez de decir que el ejercicio de su derecho está limitado, cuando es evidente que pasa lo contrario, abusan de él sin que se les restrinja nada.
Ahora bien, no solo ponen en riesgo el orden público, además, sus declaraciones entran en la categoría de apología de odio hacia la población que simpatiza con el Gobierno, incitando a la violencia entre los nicaragüenses (artículo 20 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), siendo los medios radiales y televisivos los que más realizan este tipo de declaraciones.
La sociedad nicaragüense tiene derecho a estar informada verazmente, sin embargo, los medios de oposición se dedican a publicar noticias falsas para de esa forma intentar moldear la opinión pública, auxiliándose de los conglomerados mediáticos en el extranjero, quienes forman parte del bloque capitalista dominado por Estados Unidos, que ante la imposibilidad de recurrir a la fuerza militar, trabajan ahora con la dominación cultural a través de sus medios de comunicación en defensa del neoliberalismo, al cual le deben su influencia y sus ganancias, esto explica porque las noticias de medios internacionales coinciden con la de los medios de comunicación de la oposición nicaragüense.
En medios escritos como El País, el New York times o la BBC no se encuentran artículos que mencionen las atrocidades cometidas por la oposición, victimas como Francisco Ramón Aráuz Pineda o Gabriel de Jesús Vado, quienes fueron asesinados y sus cuerpos quemados, pasan desapercibidas, ¿Por qué? El primero de ellos por ser de ideología sandinista y el segundo por pertenecer a la Policía Nacional. Lo mismo pasa con la cifra de muertos, estos medios citan como fuentes a los organismos de derechos humanos, descalificando de entrada a las fuentes oficiales y a la Comisión de la Verdad Justicia y Paz por no contribuir a su versión maquillada de los hechos.
Para los medios de comunicación extranjeros ningún muerto es atribuible al actuar de la oposición, infortunadamente tienen el suficiente poder para determinar las reglas del juego, difundiendo solo aquello que les conviene y ocultando cuidadosamente la versión contrapuesta, la de los ataques contra el orden constitucional nicaragüense.
Los medios de comunicación no están dotados de representación popular, de la cual sí goza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
La oposición debe entender que los medios no pueden sustituir a las autoridades, no pueden manipular estadísticas. Este riesgo ya fue advertido por el Consejo de Europa y por la Corte Interamericana, esta última señaló que no es admisible que los medios de comunicación intenten moldear la opinión pública desde un solo punto de vista.
Su libertad de expresión distorsionada no encuentra freno, se aprovechan de la inexistencia de un Código de Ética para su profesión, si existiera seguro pasarían por encima de sus preceptos, pero la Constitución advierte este peligro cuando dice en su artículo 68 que “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”, ambas cosas han sucedido ya.
