El partido del presidente filipino Rodrigo Duterte sancionó a una decena de diputados que habían votado contra la restauración de la pena de muerte, un castigo que la oposición interpretó como una muestra de la "deriva autoritaria" del mandatario.
La expresidenta Gloria Arroyo fue destituida el miércoles de la vicepresidencia de la Cámara de Representantes y otros 11 parlamentarios perdieron sus puestos de responsabilidad dentro de varias comisiones, en virtud de una decisión calificada de "purga" por algunos medios locales.
La campaña de Rodrigo Duterte para restablecer la pena de muerte en el archipiélago superó un importante obstáculo ante el Congreso a principios de mes, con la votación en segunda lectura de un proyecto de ley en este sentido.
Solicitan inhabilitación de Duterte en el Parlamento filipino
El presidente de la Cámara de Representantes, Pantaleon Alvarez, amenazó con sancionar a aquellos parlamentarios de la mayoría que votaran contra el texto, explicando que el restablecimiento de la pena capital era un compromiso de campaña de Duterte que todo diputado debía apoyar.
La pena de muerte había sido abolida en 2006 bajo la presidencia de Arroyo.
"Expulsar a los partidarios del 'no' de los puestos de responsabilidad en la Cámara de Representantes ilustra la intolerancia del gobierno hacia toda forma de disidencia, lo que es un indicador de una peligrosa deriva autoritaria", consideró el jueves en un comunicado el Partido Liberal.
Esta formación de la oposición recordó el arresto, el mes pasado, de la senadora y exministra de Justicia Leila de Lima, una de las adversarias más tenaces contra la sangrienta "guerra contra la droga" del presidente Duterte.
Este último espera que en mayo quede restaurada la pena de muerte, que ve como un instrumento crucial para su guerra contra el narcotráfico.
Desde que asumiera el cargo a finales de junio, la policía ha anunciado haber matado, en legítima defensa, a más de 2.500 traficantes o toxicómanos, mientras que unas 4.500 personas han sido asesinadas en circunstancias poco claras.
Defensores de los derechos humanos acusan al gobierno de presidir una campaña de abusos generalizados, mientras que Amnistía Internacional juzga que estos asesinatos podrían ser considerados crímenes contra la humanidad.
