Ismael Sánchez Castillo
Diputado en el Parlamento de Andalucía
Acompañante en las Elecciones Generales de Nicaragua 2021
Hace unos años Julio Anguita manifestó: “Mientras haya dos trincheras, siempre estaré en la de Fidel”. Esta afirmación podría ser considerada una síntesis superadora a la hora de analizar e intentar fijar una posición política respecto a cualquier proceso antiimperialista en general, y el de Nicaragua en particular. Y especialmente, en un momento en el que este país sufre un nuevo ataque a su soberanía por parte de EE.UU. y potencias aliadas, con amenazas de sanciones, bloqueos económicos… y una fuerte campaña de manipulación mediática que pretenden desestabilizar a un Gobierno legítimo.
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Tan evidente es la estrategia imperialista como contundente ha sido la respuesta del pueblo nicaragüense ante el ataque económico y a su soberanía, ante la injerencia extranjera en sus asuntos internos. Demostrado ha quedado en las elecciones generales del 7 de noviembre que, pese a quien le pese, se han desarrollado en un ambiente de paz, tranquilidad, justicia, tolerancia, respeto, plena garantía, convivencia pacífica y seguridad ciudadana. De forma muy mayoritaria se ha reflejado que las y los nicaragüenses no se resignan a la derrota ideológica, a vivir bajo el yugo del capitalismo y que jamás se someterán al Imperio.
Para analizar la realidad actual es importante recordar que en abril de 2018 hubo un intento de golpe de estado, afortunadamente fallido, por parte de grupos organizados por EE.UU., empresarios corruptos y terroristas, que contó con la complicidad de países europeos y de grandes grupos de comunicación.
Las consecuencias de ese atentado antidemocrático fueron demoledoras, terribles: 298 víctimas mortales, 205 millones de dólares en pérdidas del sector público, 231 millones de dólares en pérdidas del sector turístico, 525 millones en pérdidas en el sector del transporte, 7 mil millones de córdobas en reducción del presupuesto general de la República y supresión de 119.567 puestos de trabajo. Es entendible que, en este escenario, no ha debido ser fácil para el Gobierno que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo garantizar, a día de hoy, el acceso universal y gratuito a la sanidad y la educación.
El país cuenta con 21 nuevos hospitales, la mejor red de carreteras de Centroamérica, ha reducido en 24 puntos la pobreza y en 14 la extrema pobreza, el 98% de la población tiene acceso a la energía eléctrica y el país progresa a pasos agigantados en soberanía alimentaria; por citar sólo algunos ejemplos de los avances en derechos. Y así lo reconoce el pueblo nicaragüense, que preguntado por la situación respecto a hace 14 años, un 80% asegura que se ha progresado y alrededor del 70% tiene claro que en los próximos 5 años habrá mejorías sustanciales en el desarrollo económico y estabilidad política y social.
Volviendo a las elecciones, y pese a la permanencia en el país de grupos impulsores de ese intento de golpe de estado, hay que decir que el pasado domingo 7 de noviembre, la jornada, pero también todo el proceso electoral, se ha desarrollado con absoluta normalidad y en un ambiente de tranquilidad, orden y con todas las garantías democráticas establecidas por la legislación nacional vigente y de acuerdo con las normas aceptadas internacionalmente, y en los que, según el Consejo Supremo Electoral (CSE) la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, coalición cuya principal fuerza es el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtuvo una contundente victoria al imponerse con un 75,92% de los apoyos con más de 2 millones de votos. Esto supone, que el comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo serán el presidente y la vicepresidenta de la República para los próximos 5 años, cuya investidura tendrá lugar el próximo 10 de enero de 2022.
Un día antes, el 9 de enero tomarán posesión de su acta las y los diputados a la Asamblea Nacional, mientras que los del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) lo harán entre en 11 y el 15 del mismo mes. De acuerdo al informe referenciado, con el 100% de las actas escrutadas, de los 90 legisladores de la composición Asamblea Nacional, 75 serían de la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 9 para el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 2 Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), 1 del Partido Alianza por la República (APRE), 1 Partido Liberal Independiente (PLI), 1 para Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y 1 para el Partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama).
En cuanto a los diputados al Parlamento Centroamericano, con todas las actas computadas, de los 20 escaños en contienda, 15 serían para el FSLN, 2 para el PLC y uno cada uno obtendrían ALN, APRE y PLI.
Este proceso ha contado con 230 acompañantes electorales internacionales y 40 medios de comunicación extranjeros acreditados, acompañantes nacionales del Consejo Nacional de Universidades, con experiencia en el tema desde 2004, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y con 163.877 fiscales (interventores y apoderados) municipales, departamentales y nacionales que han estado presente en todas y cada una de las 13.459 Juntas Receptoras de Votos (mesas electorales) ubicadas en los 3.106 centros de votación.
Pese a estos datos, que reflejan la voluntad de un pueblo, se ha desatado una campaña mediática por los medios internacionales, la Unión Europea, EE.UU. y varios países alineados con las políticas de agresión de los anteriores, con el objeto de injerir en la soberanía del pueblo nicaragüense. Sin embargo, no existen argumentos que puedan sostener las falacias vertidas, ya que ha quedado demostrado que este proceso ha contado con todas las garantías democráticas.
Estos comicios se han desarrollado en absoluta normalidad, con una alta participación, sin incidentes destacables y con presencia de todos los partidos y alianzas electorales participantes, que han podido fiscalizar el proceso, con total libertad, asegurando la absoluta transparencia de estas elecciones, celebradas, respetando las leyes constitucionales y las normas establecidas y aceptadas internacionalmente. Y todo, sin ningún tipo de condicionamiento, en un contexto además, condicionado por la pandemia mundial provocada por la COVID-19.
La voluntad de defender la paz y la soberanía del pueblo nicaragüense ha sido expresada y defendida por el conjunto de las organizaciones políticas que han concurrido a estos comicios.
Este pueblo ha afrontado una contienda electoral en paz, desde las diferencias políticas, desde la diversidad partidaria y la igualdad social, desde la unidad de una sociedad que quiere seguir avanzando. No en vano, independientemente de lo que cada hombre o mujer haya votado (el 65,5% del censo ha participado en las elecciones) o incluso ejercido su derecho a no hacerlo, el conjunto de la población está de acuerdo en que su soberanía es inquebrantable y que ningún país del mundo debe considerar una política injerencista contra ella. Es el pueblo el que elige a su gobierno y decide quiénes son las personas más capacitadas para mejorar su calidad de vida y defender sus intereses, y en Nicaragua la mayoría social tiene lo muy claro, sólo el pueblo defiende al pueblo y así lo muestra, hasta la fecha, en su simpatía política partidaria hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional y hacia el comandante Daniel Ortega Saavedra.
Nicaragua ha dado una nueva lección de dignidad al mundo. El pueblo pide respeto a su soberanía, no quiere ser colonia ni patio trasero de nadie. A la parte injerencista de la comunidad internacional le toca retomar la senda de la mediación y el diálogo, respetando a un pueblo que ha decidido ser libre, soberano y vivir en paz.
Publicado en :
“Nuestra Bandera. Revista de debate teórico y político”.
