Nicaragua, el deber de la ley
Por: Fabrizio Casari
Las recientes iniciativas de Nicaragua en la arena internacional han sacudido a poderosos e impotentes del letargo de lo obvio. La defensa coherente del Derecho Internacional ha propiciado, junto a la denuncia de sus violadores, acciones de respuesta que, legítima y dignamente, no han tenido en cuenta el tamaño, el peso, la incidencia y las alianzas, sino lo que está bien y lo que no lo está.
Esta iniciativa diplomática y política consta de tres pasos. Comenzamos por la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador tras el allanamiento por la fuerza de la embajada de México en Quito y la captura de Jorge Glas, vicepresidente del país durante el gobierno de Correa. Glas, a quien México había concedido asilo político por haber sido reconocido como víctima de la edición ecuatoriana del lawfare dirigido por Washington, representó un caso extremo de violación de la Convención de Viena, el dispositivo jurídico internacional que regula la actividad diplomática en todos sus aspectos.
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El abuso del gobierno de Noboa sigue al del corrupto traidor, Lenin Moreno, quien permitió el allanamiento de la policía británica a la embajada de Ecuador en Londres para capturar a Julian Assange, a quien el gobierno de Rafael Correa le había concedido asilo.
Independientemente de las motivaciones, pues, hay una infame continuidad y coherencia en la concepción bandolera de Ecuador sobre la diplomacia y la inviolabilidad de sus predios que merecía la única respuesta posible, es decir, la ruptura de relaciones diplomáticas, que se hacen inútiles inútiles al fin y al cabo con quienes burlan continuamente la diplomacia. Por lo tanto, no sólo solidaridad concreta con México, sino también una postura política en defensa de las normas internacionales que sancionan los ámbitos, derechos, deberes y prerrogativas de las oficinas diplomáticas, sin cuyo respeto se impondría la barbarie.
¿Cuánto vale Palestina?
La otra decisión – que encontró aún más eco en el sistema político-mediático – es la que vio Managua llevar a Berlín ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por su responsabilidad en el etnocidio de los palestinos. Se acusa a Alemania de apoyar a Israel con envíos masivos de armas y una colaboración directa de especial intensidad. Toda su conducta política, al fin y al cabo, expresa un apoyo incuestionable no sólo al Estado judío, posible producto de la culpa histórica y del intento de borrar el horror del que fue responsable, sino que en la circunstancia actual ese apoyo se presta al criminal de guerra Bibi Netanyahu y a su gobierno y produce una enorme tragedia para todo un pueblo.
Se ha objetado que este apoyo alemán a Israel no es nuevo, pero hay que tener en cuenta que la iniciativa de Nicaragua viene dictada por la atrocidad sin precedentes del etnocidio palestino perpetrado por el gobierno israelí, que ha declarado objetivos a mujeres y niños, hogares y hospitales en la farsa de guerra contra Hamás, y que considera la deportación total de palestinos como la conquista de nuevas tierras para Israel. Una guerra de aniquilación y conquista, no una guerra contra el terrorismo. Así pues, aunque el apoyo político siempre ha sido un hecho por razones históricas (y más aún por la conveniencia occidental actual), el carácter excepcional de la tragedia que representa el exterminio del pueblo palestino, la expulsión de sus territorios y el terrorismo hacia todos sus vecinos, de Siria a Líbano pasando por Yemen, no podía ver una respuesta articulada en torno a las acciones diplomáticas habituales. Porque los gritos de dolor no pueden cubrirse con notas verbales, y ante una situación que se sale de lo ordinario, se reacciona con respuestas extraordinarias.
Permanecer inerte, leer cada noche el boletín del horror actualizado, contar las víctimas y la destrucción, limitarse a presenciar la inmundicia diplomática estadounidense en la ONU y en las farsas de las negociaciones de Qatar, significaba marcar con la indiferencia y la pereza el propio porte político y el propio papel en la comunidad de naciones.
Ciertamente, la solidaridad y hermandad entre nicaragüenses y palestinos, que viene desde finales de los años 70, jugó un papel decisivo en la decisión de Managua, que, como es bien sabido, no olvida amigos ni enemigos. Pero la solidaridad no fue el único elemento que decidió el inicio ante la Corte de la ONU. Al mismo tiempo, se optó por no permanecer indefensos ante tanto horror, porque se considera que sobre la piel de los palestinos se está configurando -gracias a la desidia e indiferencia de sus enemigos e incluso de sus teóricos amigos- una nueva y criminal acción que quiere enterrar de una vez por todas lo que queda del Derecho Internacional nacido tras la derrota del nazi-fascismo en 1945. Como para sellar este nuevo siglo de horror, la carta de identidad de este dominio unipolar, justificar la guerra contra el terrorismo con la historia es una nueva dimensión del orden imperial, asimétrico, injusto y contradictorio, indiferente a la historia y a los acontecimientos y hostil a la democracia planetaria. El recurso de Managua a La Haya es, pues, en el plano político un acto debido de valentía y en el plano simbólico representa la defensa a ultranza del Derecho Internacional frente a quienes destrozan con una violencia sin precedentes y un horror generalizado lo que también lleva su firma.
Recordar y exigir
También se cumplen 40 años de la presentación del recurso ante la Corte Internacional de La Haya que luego condenó los actos militares y paramilitares de EEUU contra Nicaragua y a Washington a la reparación simbólica de 17.000 millones de dólares. EEUU nunca acató la sentencia; creen que su «excepcionalísimo» otorga a su código penal supremacía sobre el Derecho Internacional y les sitúa en un plano en el que nadie puede ni debe juzgar sus actos, sino todo lo contrario. Pero el contenido de esa sentencia, calificada de ‘histórica’ por todas las fuentes del Derecho, fue una violenta acusación a la innoble y despiadada agresión de la mayor y más rica potencia del mundo contra uno de los países más pequeños y pobres de la comunidad internacional.
Sin embargo, Estados Unidos, que no reconoce la sentencia del Tribunal, afirman que Violeta Chamorro, como presidenta, ha renunciado a sus reclamaciones legales de indemnización. Pero si no se reconoce la sentencia, tampoco se puede reconocer su renuncia a ser procesada. En cualquier caso, lo que haya dicho o hecho Chamorro no tiene ninguna importancia, y menos aún inhibe a Managua en su reclamación. La continuidad jurídico-política de los estados no existe; para algunos, y a veces, puede ser un deseo, nunca una obligación. Prueba de ello es que hay cientos de acuerdos político-jurídicos celebrados y luego revisados o anulados, empezando por los relativos a tratados internacionales hasta los que determinan a las relaciones bilaterales. Bastaría ver cómo sólo en los últimos 12 años EEUU se ha retirado de los acuerdos sobre el clima (entró, salió y luego volvió a entrar) a los de misiles balísticos de largo y medio alcance (INF), de los de protección de los cielos a los de Irán, así como de las garantías ofrecidas y nunca respetadas a Moscú sobre la ampliación de la OTAN al Este.
Al margen de muecas legalistas, Nicaragua exige el pago (con los intereses devengados) de la cantidad estipulada en la sentencia porque considera que deben respetarse los fallos de la Corte Internacional de Justicia, órgano de Naciones Unidas y único foro auténtico reconocido de derecho internacional. Después de todo, ¿en calidad de qué y con qué intereses debería Managua renunciar a una indemnización cuyo volumen es significativo tanto por su política como para su presupuesto? La falta de una propuesta conciliadora por parte de EE.UU., sumada a la conducta permanentemente hostil, que golpea al país con políticas agresivas y sanciones, no dispone a Managua a una remisión que, de no medir un cambio en el escenario de las relaciones bilaterales (que por responsabilidad exclusiva de EE.UU. nunca se ha dado) sería una claudicación ante el matonismo.
Un hilo rojo y negro
Ecuador, EEUU., Israel. El hilo conductor de todas las iniciativas diplomáticas y jurídicas de la Nicaragua Sandinista es el resultado de su concepción política de las Relaciones Internacionales. Una concepción actual, pero que se remonta a las raíces históricas del Sandinismo, en la no aceptación de un sistema internacional basado únicamente en la fuerza y el poder de quienes actúan sobre él.
Concibe ideológicamente y aplica políticamente la iniciativa directa de los países más pequeños, porque asume como derecho fundamental de toda la comunidad de Estados el deber y el derecho de pronunciarse. No acepta la perfidia de los papeles preestablecidos de víctimas y verdugos y no ofrece miradas aquiescentes al cinismo realista que hace de la utilidad de la conveniencia política de sus acciones el único motor. Aunque respeta la realidad, no reconoce la lógica de la compatibilidad, precisamente porque cree que la política sirve ante todo para cambiarla cuando no se corresponde con la justicia y que el respeto del derecho internacional es el punto de partida de cualquier hipótesis de un mundo diferente, igualitario y participativo.
Con estas acciones, Nicaragua se pone a la cabeza de los que no tienen voz y reclama el derecho e incluso el deber de no quedarse de brazos cruzados ante los flagrantes y continuos abusos de la ley del más fuerte que, en sí mismos, socavan profundamente la idea de una comunidad internacional, que si se somete al imperio del más fuerte y del más grande, se convierte en el lugar de la prepotencia y la arbitrariedad.
El mensaje que envía Managua es claro: no hay más tiempo para el silencio y la inacción. Ser pequeño no puede significar ser inerme, y el espacio entre lo que conviene y lo que es posible está delimitado por la mera distancia que se observa entre el decir y el hacer.
