Defensa de la soberanía, independencia y dignidad por el bien común

Se nos ha querido impedir durante doscientos años ser nosotros mismos con diversas y cambiantes estrategias y acciones, pero con el mismo propósito: frustrar y limitar la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de América Latina y El Caribe para controlar y aprovechar el potencial natural, humano y geopolítico de la Región para intereses exógenos. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha venido haciendo y cómo lo hace ahora? ¿Por qué lo hemos permitido?

Nuestro poderoso vecino del Norte, de manera constante, ha pretendido manosear nuestra dignidad, desconocer la soberanía, ignorar la independencia y vernos como “patio trasero”, autonombrándose juzgador infalible y, con su superioridad económica, la brutalidad militar y las ilícitas acciones de sus aparatos de inteligencia y financiamiento, ha promovido intervenciones, desestabilizaciones, golpes de estado y campañas para descalificar, desinformar, manipular y someter, para imponerse, preservar y expandir sus intereses egoístas.

Para ello se vale de agentes locales, cómplices naturales y “tontos útiles”, como ocurrió con Francisco Castellón, Máximo Jerez y sus correligionarios liberales del siglo pasado (después también los conservadores) que trajeron al invasor filibustero quien, ni corto ni perezoso, “se quedó con el mandado” y se proclamó presidente, inaugurando uno de los episodios más trágicos y penosos de la historia nacional que, por fortuna, mediante un necesario “Pacto providencial”, como única salida, llevó a la unidad nacional y centroamericana para vencer y expulsar al invasor extranjero.

La profecía de Darío en A Roosevelt (1904) dijo: “Eres los Estados Unidos, / eres el futuro invasor / de la América ingenua que tiene sangre indígena, / que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.” Charles Wright Mills (1916-1962), sociólogo estadounidense, reconoce que “las elites de poder que ventilan las actuaciones de EE.UU. están siempre vigilantes de que no surja modelo alguno que rivalice con el que ellos tratan de imponer”.

El psicólogo, escritor y diplomático Mario Barquero Baltodano (Boaco, 1949- Managua, 2020), escribió en el ensayo Estados Unidos de América: del puritanismo religioso a la sociópata imperial (septiembre 2019): “Sin importar el Jefe de Estado y gobierno de turno, una característica invariable es el uso de la violencia en sus relaciones internacionales, la que puede ir, desde sanciones (medidas coercitivas unilaterales), financiación a grupos de apoderamiento (proxy), golpes de estado, hasta intervención militar directa. Todas estas formas de agresión las han usado y las usan los líderes políticos de los EE.UU.” He aquí una confesión de Barack Obama en entrevista a Vox (febrero 2015): “En ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares”.

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Según Barquero, en la mentalidad sociópata imperial prevalece la “falta de veracidad y sinceridad o desprecio por la verdad”. A esta peligrosa lógica ilegal y arrogante, desafortunadamente, arrastra –por complicidad, dependencia, temor o confusión- a otras naciones, organizaciones e individuos. ¿Por qué hay representantes de otras naciones que se suman a la ligera al mensaje parcial, falso y agresivo, juzgan y condenan sin evidencia? Nicaragua ha sido y está siendo víctima de bullying internacional.

Aquellos que insisten en preservar sus beneficios elitistas y excluyentes se constituyen en los históricos aliados locales que suelen ofrecerse con prontitud al designio extranjero, quien usando sus múltiples mañas manipula, condiciona y compra voluntades, doblega por temor y amenaza, esparce la cizaña y socava para fracturar la sociedad, desmontar los movimientos sociales, descalificar las opciones políticas populares, debilitar al estado y subordinar la nación a su hegemonía imperial.

De qué sirve que, al frente de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde las naciones latinoamericanas y caribeñas somos mayoría absoluta, figure un latino que no habla originalmente inglés, pero que, al “pensar en inglés”, actúa, de manera vergonzosa, como subalterno de los intereses imperialistas de sumisión y dependencia, enfilándose en el persistente propósito, arrastrando y desnaturalizando el carácter y fin del organismo de encuentro, diálogo y consenso continental, convirtiéndolo, lamentablemente, en un desprestigiado instrumento de descalificación e intervención.

¿Por qué algunos representantes de los estados se muestran, en su voto y opinión, como subalternos del emisario norteamericano perdiendo la auténtica representación de sus pueblos, traicionando los principios y las aspiraciones hispanoamericanas? La instancia continental se ha convertido en oficina del Departamento de Estado, debe ser replanteada en función en beneficio colectivo y no hegemónico de Estados Unidos. El escritor y diplomático Carlos Midence identifica a la OEA “como uno de los engañosos mecanismos creados a su medida”.

Darío escribió con optimismo en 1905: “Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos / lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos; / mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto; / retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte;” (Salutación al optimista).

Aunque los autores conocidos y no conocidos, investigados y no investigados, materiales e intelectuales de los graves delitos cometidos contra la sociedad nicaragüense a mediados de 2018 fueron “perdonados” desde el punto de vista penal, sobre ellos y sus promotores pesa una terrible culpa moral porque las acciones destructivas y la manipulación provocada desencadenaron diversas consecuencias humanas, económicas y sociales en el rumbo de la comprobada prosperidad económico-social con equidad y solidaridad, desarrollo humano, seguridad y convivencia comunitaria por el bien común. Aquel perdón que cubrió el período de abril 2018 a junio 2019, tuvo una contundente condición que no podemos olvidar: No repetición.

El Estado de Nicaragua promulgó, como decisión política y jurídica la Ley de Amnistía (Ley 996, junio 2019), a pesar de la consternación por las víctimas directas y el terrible perjuicio causado.

Consideró que “ante los actos violentos y destructivos iniciados el 18 de abril de 2018 es voluntad del Estado la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la paz, y el mejoramiento de las condiciones económicas para lograr el desarrollo integral de las familias nicaragüenses”. Por lo que concedió “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.

El “olvido y perdón” cubrió a las personas que no han sido investigadas, a quienes se encuentran en procesos penales y cumpliendo sentencia. El estado renunció a iniciar procesos de investigación sobre esos hechos y decidió cerrar los procesos administrativos y penales iniciados, así como la ejecución de las sentencias, por lo que los privados de libertad por dichos sucesos quedaron libres.

El perdón incluyó “todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos” tipificados en la legislación penal. Hay, en el artículo 3 de esa incómoda pero necesaria medida, un énfasis: “No repetición”. Afirma que los beneficiados “deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados” y que: “la inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”.

Ni la investidura política o religiosa, ni el apellido o ascendencia familiar, ni la encumbrada posición económica o social, ni la pertenencia a alguna organización, empresa, iglesia, partido o gremio, mucho menos la tutela o subordinación a alguna potencia externa de quien se acatan órdenes y se busca su complacencia, pueden justificar evadir la responsabilidad penal o administrativa individual, ni el Estado tiene facultad de obviar su acción ni permitir la impunidad, menos cuando los actos de los presuntos imputados atenten contra los Derechos fundamentales de la nación.

Es obligación ineludible del Estado en función del bien común, actuar con prontitud efectiva conforme al estado de derecho.

¿Quién estuvo detrás del financiamiento y la planificación del fallido golpe de estado en 2018? ¿Quién continúa empecinado en destruir, provocar y dañar el bienestar popular? El mismo de siempre con los instrumentos de siempre y los mecanismos conocidos, con nuevos rostros, antifaces y organizaciones. ¿Cesó esa actitud injerencista externa y la complicidad interna para ofrecer ceder la paz, la prosperidad y la soberanía nacional? No fue así.

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Se ha continuado financiando para desestabilizar y desinformar, las viejas mañas con las nuevas, montándose en la plataforma digital, a través de organizaciones no gubernamentales actuando al margen de su propósito lícito, ocultando el origen y uso de los recursos financieros para usarlos con opacidad y atentar contra la paz social y la integridad de la nación, creando una red de comunicación social convencional y virtual para la desinformación, exacerbar el odio y el miedo, configurando una plataforma política que condicione la campaña electoral de acuerdo al interés del que pretende ser el elector extranjero, descalificar la voluntad popular mayoritaria para continuar avanzando por el bienestar económico y social con equidad y solidaridad, se configuró, además de la tipicidad de lavado de activos y diversas falsedades para ocultar y desviar, de conformidad con la legislación internacional y nacional, la antipatriótica y denigrante traición a la patria.

Es la traición a la patria, junto al narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos y la evasión fiscal, uno de los cinco tipos delictivos más graves y de mayor prioridad en la persecución penal de todas las naciones del mundo porque ellos atentan contra la estabilidad y permanencia de los estados, el legislar y actuar constituyen obligación ineludible de las naciones soberanas para no ser cautivas de naciones extranjeras, del crimen organizado transnacional y tener capacidad institucional para subsistir y desarrollarse por el bienestar general de sus ciudadanos, por cuanto esas prácticas criminales son opuestas a la razón de ser del estado y atentan contra la sociedad.

El artículo III, sección 3, de la Constitución Política de Estados Unidos define y condena la traición por “declarar guerra en su contra o en unirse a sus enemigos, impartiéndoles ayuda y protección”.

El artículo 123 del Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos establece el delito de traición a la patria con penas de hasta cuarenta años de prisión cuando se “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.

La Ley de Seguridad Democrática de la República de Nicaragua (Ley 750, diciembre 2010), tiene como finalidad “asegurar la vigencia y pleno respeto de los derechos, garantías y libertades fundamentales de los nicaragüenses, contrarrestando los factores adversos a la seguridad humana, democrática e interna de la nación, por medio de previsiones y acciones en beneficio de la consecución y mantenimiento de los intereses supremos de la nación, la defensa del patrimonio nacional frente a cualquier riesgo, amenaza o conflicto armado internacional que afecte a la independencia, soberanía e integridad territorial de Nicaragua, la vigencia de un orden justo y la estabilidad del Estado de Derecho”.

El artículo 8 identifica las amenazas a la Seguridad Nacional entre las que incluye, los “actos tendientes a consumar genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, en contra del Estado y la nación nicaragüense”, y en el inciso 6 los: “Actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan violentar los principios fundamentales establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de Nicaragua”.

Dicho enunciado establece como Derechos fundamentales de la Nación: “La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo”.

El Estado de Nicaragua promulgó (octubre, 2020) la Ley de regulación de agentes extranjeros (Ley 1040) cuyo propósito es establecer el “marco jurídico a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país”.

Es cierto lo que dice el refrán: “Quien no la debe no la teme” ¿Por qué algunas Ongs decidieron cerrar para tratar de evitar informar y rendir cuentas de los fondos extranjeros recibidos y el uso irregular?

Consecuente a su obligación, el Estado de Nicaragua promulgó la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” (Ley 1055, diciembre 2020), la que complementa y precisa lo indicado en la legislación nacional e indica que “quienes encabecen o financien un golpe de estado”, que “realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras…”, al igual que quienes “propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país…”, quienes “demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, señala que “serán Traidores a la Patria”. Muy triste, vergonzoso y repudiable papel para un ciudadano de una nación soberana.

Los trillados términos del discurso de los representantes de Estados Unidos y sus adeptos para descalificar y atacar, para “justificar” sus arbitrarias acciones, como “democracia”, “derechos humanos”, “libertad” y “estado de derecho”, solo aplican cuando son afines a sus intereses, es la doble moral de la maquinaria imperialista especializada en confundir y mentir para someter y dividir. Son autoritarios, demagógicos y falsos.

Es para ellos inaceptable la democracia popular que promueva equidad y solidaridad, la participación social en la construcción de su propio destino, la libertad de votar y opinar en los foros internacionales de manera contraria a la política imperialista, el establecer el propio modelo político con el ordenamiento jurídico que respalde las transformaciones sociales y permita avanzar por el bienestar general.

Ellos piden sumisión y subordinación. Reclutan con ese propósito a quienes estén dispuesto a ser sus actores útiles, temporales y descartables. Crean, para tal fin organismos, normas y procesos a su medida, aunque estos violenten la legislación internacional y nacional y tengan carácter inhumano.

Eso les tiene sin cuidado. Es repudiable y doloroso lo que el poder norteamericano, arrastrando a sus aliados, puede hacer para perturbar y destruir, para pretender estancar los procesos sociopolíticos legítimos, y, es más lamentable y penoso, que algunos nicaragüenses, o nacionales con identidad extranjera, se presten y ofrezcan para tal propósito.

Eso es traición. Ello, junto al fondo y la forma, junto a los múltiples delitos conexos que implica, significa caer en delitos muy graves que asumen consecuencias que no pueden quedar impunes y por las que el Estado está obligado a actuar por el bien común, en correspondencia con el marco jurídico nacional.

No podemos alegrarnos, -es triste y nos consterna- que algunos nicaragüenses sean objeto de investigación y proceso penal por prestarse de manera solícita a acatar el mandato externo, de ofrecerse como instrumento y polea de transmisión de mensajes y acciones agresivas alineadas con intereses exógenos, de ser canales por donde fluya el dinero ilícito para financiar lo que pretende socavar el proceso político y social nicaragüense, intentar montar en la campaña electoral –proceso político legítimo y cívico-, la plataforma interventora con la complacencia norteamericana, descalificando y manipulando, destilando rencor y odio, pidiendo y divulgando amenazas y sanciones, para sembrar el miedo y la desconfianza, para confundir y frustrar las justas aspiraciones populares amparadas por el estado de derecho, que no es “estado de derecha”.

Mientras por los sucesos del fallido golpe de estado solamente fueron procesados y detenidos los autores materiales o ejecutores de la inusitada violencia contra las personas y la destrucción de la infraestructura pública y privada, ahora, deben responder ante la justicia penal los azuzadores, conspiradores, financiadores y “autores intelectuales”, instrumentos directos o poleas de transmisión de las decisiones de la potencia extranjera, solícitos gestores de sanciones, injerencias y agresiones.

Ser opositor no es delito, los límites comúnmente aceptados en cualquier lugar son la actuación cívica en el marco de la ley. La oposición tiene derecho a aspirar al poder político según el proceso democrático, a participar activamente en la vida pública de conformidad con el orden jurídico nacional, expresar su proyecto político y disidencia, pero no mediante el terrorismo, la violencia ni la manipulación mediática actuando bajo amparo, financiamiento e instrucción como sumiso agente de injerencia y agresión.

Nadie quisiera presos, ni víctimas. Ni perjuicio al bienestar común que propicia la intromisión externa, la violencia y la traición. Nos preocupan e indigna la privación de libertad de un ciudadano como consecuencia de enfrentar su responsabilidad penal por los actos sancionados por la ley.

Compete a las instituciones del sistema de justicia penal –bajo presunción de inocencia y debido proceso-, investigar y juzgar a quienes resulten responsables de los actos delictivos contra la sociedad y el estado de Nicaragua.

Compete a los nicaragüenses –y única y exclusivamente a los nicaragüenses-, decidir, elegir y participar en el rumbo de nuestro proceso político democrático que, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de la República: “reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad, y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense”.

Esta pequeña nación centroamericana, que cumple junto a sus vecinos del Istmo 200 años de Independencia de España, que lucha con dignidad heroica, Nicaragua, y los nicaragüenses de buena voluntad, fortalecidos por el compromiso y la esperanza, mayoritariamente cristianos, hospitalarios y solidarios, aspiramos a sostener relaciones duraderas de respeto y diálogo, con autodeterminación, conforme al derecho internacional y nacional, con Estados Unidos y con toda nación extranjera, trabajar y avanzar juntos en la solución de nuestros problemas comunes en la Casa común, por la sostenibilidad medioambiental, la superación de la pobreza y la exclusión, la cooperación, la convivencia y la paz entre los pueblos del mundo.

Quisiéramos decir con la ilusa esperanza con la que Darío dijo Salutación al águila (Río de Janeiro, 1906): “Águila, existe el Cóndor. Es tu hermano en las grandes alturas. / Los Andes le conocen y saben que, como tú, mira al Sol. / May this grand Union have no end, dice el poeta. / Puedan ambos juntarse, en plenitud de concordia y esfuerzo.”

Permitámonos reencontrarnos los nicaragüenses con voluntades patrióticas, soberanas y dignas para avanzar juntos en la nación que nos acoge. Démonos la oportunidad de construir y transformar, de vivir con esperanza, equidad, justicia social, solidaridad y prosperidad.

No permitamos que la injerencia externa contamine nuestros propósitos para avanzar en los caminos posibles para enfrentar los grandes retos contemporáneos.

No dejemos que se perturbe la buena voluntad de la mayoría de los nicaragüenses, ni que el odio, el resentimiento, la manipulación y la mentira nos impida ver el horizonte. Somos dueños de nuestro destino y responsables soberanos de nuestra libertad para el bien común de la nación que nosotros podemos construir.