En Nicaragua está en marcha un proceso electoral legítimo conforme las reglas institucionales del bien común nacional, compatible al derecho internacional, no afín al autoritario condicionamiento imperial o neocolonial que ha pretendido, a lo largo de la historia, socavar la soberanía y la dignidad de las pequeñas naciones independientes gestando y articulando viejos y nuevos esquemas de desestabilización, injerencia, amenaza, sometimiento y agresión.
Las elecciones son solo un instrumento periódico, popular y democrático para continuar avanzando en la consolidación de un auténtico modelo político, social, económico y cultural, solidario y comunitario, que supere las injustas relaciones de desigualdad y exclusión, que permita a todos y todas, en particular a los excluidos, acceder a la educación, a la salud, a los servicios básicos y a una vida digna y sana, en armonía con la naturaleza, con una nación con relaciones de diálogo, respeto y cooperación entre todos los pueblos del mundo.
Este imperfecto proceso humano e institucional, perfeccionable en el camino que los nicaragüenses emprendemos, merece y exige ser respetado. Es consecuencia del devenir histórico, no es ajeno a la necesidad de defenderse y anticiparse frente a las irracionales amenazas y riesgos externos e internos, al imaginario colectivo, a las aspiraciones populares, al carácter solidario y simple de los habitantes de esta rica nación centroamericana.
No puede ser diseñado por la intromisión contaminante que menosprecia, descalifica y destruye con prepotente superioridad las iniciativas sociopolíticas propias, principalmente aquellas que logran éxitos visibles porque resultan inaceptables que esas victorias populares mejoren la vida de los ciudadanos, rompan los esquemas oligarcas y de dependencia, y correspondan, no al paradigma tradicional de hegemonía del capitalismo salvaje expansionista que preserva la inequidad, sino al justo rumbo transformador de prosperidad y equidad en el que la mayoría de los nicaragüenses de buena voluntad estamos comprometidos desde el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en julio de 1979.
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¿Quiénes pretendieron desprestigiar y destruir el exitoso avance socioeconómico y político de Nicaragua que, durante la última década, al concluir 2017, obtenía sorprendentes resultados según diversas fuentes nacionales e internacionales? ¿Cómo lo hicieron?Ubiquémonos en diciembre de ese año.
Nicaragua alcanzaba uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina, una impactante reducción de la pobreza y la pobreza extrema, mejoría del desarrollo humano integral que permitió acceso a salud, educación, seguridad social, empleo y vivienda a miles de nicaragüenses, principalmente de los sectores tradicionalmente excluidos, hubo expansión de la red de energía eléctrica, agua potable, internet y de las vías de comunicación.
El país registró la mejor seguridad ciudadana de Centroamérica, la tasa de homicidios (principal indicador reconocido a nivel global) fue una de las mejores de Latinoamérica. El alentador panorama confirmaba: cuentas nacionales sanas, estabilidad monetaria, reservas internacionales suficientes, baja inflación, incremento de inversión pública y privada, mejoramiento de la equidad social y un modelo que se consolidaba con soberana e inalterable compromiso por el interés nacional. La solidez de los resultados es incuestionable.
Los procesos independientes, desde la óptica hegemónica del parámetro imperial norteamericano y sus aliados, han resultado inaceptables. Estados Unidos recurre a mecanismos ilegales e inhumanos diversos, manipula instancias multilaterales y globales, inventa y desnaturaliza organizaciones sociales y políticas locales para perturbar la vida interna, crea liderazgos artificiales según su amañado perfil, configura un escenario teatral para justificar sus actos de agresión, inventa mentiras con mensajes e imágenes persistentes que difunde en las grandes cadenas de comunicación y redes virtuales para confundir y satanizar, impulsa desproporcionadas campañas mediáticas para activar emociones negativas, explotar los instintos, fracturar la sociedad, dividir a los pueblos y exacerbar las contradicciones locales, para descarrilar el rumbo propio que el país, sus instituciones y organizaciones populares pretenden.
El fracasado golpe de estado de nuevo tipo ocurrido entre abril y julio de 2018 intentó romper el orden constitucional e imponer la anarquía, tuvo graves costos humanos, sociales, económicos y políticos, perjudicó a miles de ciudadanos, destruyó infraestructura pública y privada, afectó el empleo y lesionó la confianza institucional, social y comunitaria. Centenares de familias fueron golpeadas por el duelo, fue perturbado el desempeño cotidiano de las ciudades y comunidades del país.
Sin embargo, afortunadamente, la confusión, el desorden, la violencia destructiva y el odio irracional, fueron frenados y superados por la organización social y política, la solidaridad, la responsabilidad y la coherente respuesta institucional. El estado y la sociedad, en ejercicio de su propósito fundamental: el bien común, lograron restaurar el orden público, la movilidad social y dar a conocer la verdad de los acontecimientos frente a la desmedida proliferación de calumnias y manipulaciones difundidas de manera imprudente y mal intencionada, “inventando verdades” y sin verificar la evidencia, a nivel nacional y global.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz constituida por el Estado de Nicaragua para conocer los hechos presentó en el IV Informe preliminar (10 de julio 2019) un minucioso y comprobado reporte de los lamentables sucesos.
Desafortunadamente, en consecuencia, varias violaciones penales por los delitos cometidos identificaron responsabilidades particulares para enfrentar procesos de investigación, privación de libertad y sanciones conforme a la legislación nacional.
El Estado de Nicaragua decidió, no sin la inconformidad y resignación de muchas víctimas y sus familiares, promulgar la Ley de Amnistía (Ley 996, del 8.6.2019) como “voluntad del Estado para la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la paz y el mejoramiento de las condiciones económicas para el desarrollo integral de las familias nicaragüenses”.
En el artículo 3: “No Repetición”, enfatiza que: “la inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley”. Autores materiales investigados o sancionados, los no investigados ni privados de libertad y autores materiales e intelectuales, financiadores, azuzadores o cómplices de los sucesos de violencia y destrucción, fueron perdonados, hubo “olvido del delito” y “perdón de la pena”, cesó la persecución penal con la salvedad de NO Repetición.
Sin embargo, el objetivo de desestabilización de Estados Unidos y otros contra Nicaragua, continuó con los mismos actores, métodos y medios ilícitos. Habían utilizado, para perturbar la paz social y romper el orden constitucional, a algunos sectores empresariales, medios de comunicación, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales que se desviaron del propósito y razón de su existencia y agencias internacionales para financiar y crear conflictos, inventar realidades inexistentes, promovieron falsos liderazgos que contaran con la bendición norteamericana; quienes hicieron lobby para pedir la intervención extranjera, fueron promotores de amenazas, agresiones y sanciones violatorias e inhumanas contra el país, incluso en tiempos de pandemia, se prestaron para divulgar mentiras, para que, como afirma el filósofo alemán Immanuel Kant “mediante la mentira, aniquilar la dignidad”, manipular, descalificar y confundir, estaban alineados, como agentes y cómplices de potencia extranjera, a los intereses injerencistas, lo que configuró, conforme a la legislación que Nicaragua tiene el derecho y la obligación de fortalecer para defenderse del inescrupuloso agresor imperialista: delitos de traición a la patria, que comprometan la paz social, falsedad, lavado de activos y otros.
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Aquellos que sabían de la condición de No Repetición, continuaron haciendo lo mismo de manera descarada con complicidad estadounidense y otros. El Estado observó con responsabilidad las conductas delictivas y decidió actuar oportunamente según su obligación para frenar la impunidad por el vergonzoso comportamiento que, a diferencia de quienes fueron procesados por los sucesos de 2018, en el que estos fueron espectadores gozando de privilegios por su estatus familiar, económico y social, ahora, eran los que tenían, como obedientes discípulos, acceso a los gestores de la política norteamericana para ofrecerse, venderse y figurar, recibir la bendición de los continuadores de la Doctrina Monroe, del Gran Garrote y la Diplomacia del dólar… Dijo el sabio florentino Leonardo da Vinci: “¡oh, miseria humana, a cuántas cosas te sometes por el dinero!”
Previo a iniciar el proceso de las elecciones generales conforme a la Constitución y las leyes respectivas, era evidente que aquellos actores locales oportunistas, obedientes al agresor extranjero, que habían sido financiados, instruidos y proclamados por el Departamento de Estado como parte del grupo de donde saldría “el candidato y el séquito a ungir” que representara de mejor manera, no la voluntad ni el interés electoral del pueblo nicaragüense, sino la estrategia norteamericana para restaurar la dependencia del país, preservar las estructuras atrasadas y los beneficios de las clases privilegiadas.
¿Permitiría Estados Unidos que Francia, Alemania, Japón, Rusia, China o cualquier otra potencia extranjera cree o disfrace un organismo social o político, la financie, la instruya y promueva desde allí a un “candidato” para la presidencia? ¿Toleraría algún país europeo que otra potencia instalara y financiara entidades, propósitos y líderes para imponerse en el poder local desde algún trampolín extranjero? ¿Es lícito hacerlo allá? ¡Claro que no! ¿Por qué va a ser permitido que se haga aquí?
Corresponde a los nicaragüenses, en ejercicio del derecho cívico, elegir y ser electo. Es contrario a la dignidad, al patriotismo, a la soberanía e independencia que alguien goce de manera privilegiada de apoyo económico y político extranjero para perturbar la dinámica nacional, que cuente con una plataforma política elaborada y financiada por gobierno o corporación extranjera. No es ilícito ni delictivo ser opositor; es criminal y repudiable traicionar a la patria y prestarse a ser instrumento de cualquier potencia para desestabilizar al país y dañar el interés de la nación que es el bienestar común de los nicaragüenses.
¿Para qué querían diseñar y enmascarar a un órgano partidario con serviles y artificiales candidatos o candidatas? Buscaban una figura temporal, descartable, sin organización o con un organismo de escritorio, sin tendido territorial o con una raquítica red ficticia, sin un programa político propio o con un pliego de enunciados dispersos e incongruentes como resonancia del Departamento de Estado y sus estructuras adjuntas como la OEA y otras, sin visión propositiva, solo con planteamientos de ataque y manipulación, de desinformación que, aunque puede confundir a algunos, no es capaz de captar de manera sostenible ni significativa la simpatía ni confianza popular que privilegiará, sin dudas, según lo confirman diversas encuestas de opinión, las posiciones patrióticas, de dignidad y servicio, por el bien común, por la estabilidad, la paz y el desarrollo integral, por la convivencia y la solidaridad, por el trabajo, la educación, la salud, la infraestructura comunitaria, social y productiva, por la autodeterminación y el respeto a la soberanía.
Con aquella figura decorativa, manejable y utilizable, como eslogan y membrete, como foto de portada, no pretendían, por considerarlo en términos prácticos imposible, ganar las elecciones generales de noviembre de 2021.
Sin liderazgo, sin organización, sin programa, sin unidad opositora, contaminados por los sucesos golpistas del 2018, desprestigiados por los antecedentes de su gestión pública y los orígenes impopulares de los grupos que representan, con múltiples intereses en el debate interno, no solo era imposible ganar sino también ocupar un espacio relevante en la representatividad legislativa.
¿Qué quería en realidad el diseñador de la política imperialista desde su inescrupulosa práctica expansionista? Es simple. Ellos habían “aceptado”, en el escenario de lo posible, perder la elección, quizás con el máximo esfuerzo podrían captar un voto no mayor al 20%, y con ello, desconocer el resultado elector, descalificar al ganador indiscutible por el arrollador voto popular que, según se espera lograría 2/3 de la votación, para reconocer de manera artificial como ganador al perdedor designado y mover a algunos países, de los más subordinados y dependientes, a que reconozcan como “legítimo presidente”, “cabeza de playa” de intervención, -el águila clavando su garra o el pulpo tendiendo sus tentáculos-, al usurpador electo por el interventor agresor y pretender repetir el método desgastado y descalificado de desestabilización usado en Venezuela y que hoy por hoy ha demostrado que fracasó, el tonto útil, este títere de circo, es una caricatura descartable con la que los norteamericanos no lograron ni lograrán vencer a la heroica Revolución Bolivariana que lideran las autoridades constitucionales legítimamente electas.
El Estado de Nicaragua, en ejercicio pleno de su soberanía, se adelantó con inteligente serenidad a la continuidad del intento de romper el orden constitucional y sembrar el caos, desmontó esta burda maniobra y procedió, de conformidad con la ley, para impedir la impunidad que atenta en contra del bien común, a colocar frente a la evidencia pública a los traidores y cómplices.
Dijo con certeza el Libertador Simón Bolívar: “…no podemos tener traidores en las filas, de lo contrario, perderíamos la patria” (1811). Nicaragua está en su derecho frente al mundo a denunciar al gobierno de Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de la Haya y en todos los espacios y foros posibles esta maniobra violatoria a las normas internacionales y exigir a las hermanas naciones soberanas del mundo acciones consecuentes de respeto y no complicidad.
Nicaragua, es un firme foco de esperanza de los movimientos sociales y progresistas, es una voz por la autodeterminación de los pueblos que demandan ser protagonistas de su propio destino.
Por Francisco Javier Bautista Lara
