Ante la Asamblea Nacional fue presentado el informe de consulta y dictamen de la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero; de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de Nicaragua, el cual quedó aprobado este miércoles 4 de septiembre.
Esta ley reforzará el ámbito de acción de la UAF al contar con un marco regulatorio proactivo, acorde con las recomendaciones y compromisos con los organismos internacionales; previniendo el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y sus financiamientos.
«El contenido de la reforma y adiciones a la Ley No. 976 está encaminado a fortalecer y modernizar su marco jurídico, el ámbito organizativo, administrativo y operativo, ordena y mejora sus facultades de supervisión y monitoreo a fin de superar algunas brechas identificadas de riesgos, y robustece la facultad normativa y de coordinación de la UAF con otros supervisores, autoridades reguladoras prudenciales y demás instituciones para el cumplimiento de sus fines y objetivos»; detalló Ángela Espinoza, diputada de la Asamblea Nacional.
La reforma dota de herramientas que servirán para supervisar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones de prevención de LA/FT/FP. También permite recibir y solicitar reportes de operaciones sospechosas o cualquier otra información relacionada a dichos informes a los sujetos obligados.
Mejor monitoreo y mayor seguridad en Nicaragua
«No debemos olvidar que la UAF recibe información delicada con el objetivo de investigar a personas naturales o jurídicas que puedan estar involucradas en delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, así como el crimen organizado. Con esto, se cumple una serie de compromisos internacionales que fortalecen la investigación, persecución y sanción de delitos, y facilita el cumplimiento de Nicaragua con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica»; precisó Mario Asencio Flores, diputado de la bancada del PLI.
De esta manera, se precisan aspectos sobre la inscripción y cancelación de los sujetos obligados bajo su supervisión. Además, se establece el uso de los recursos en la vía administrativa conforme la ley de la materia, y se determina de manera clara y ordenada el sistema de infracciones y sanciones correspondientes.
Coordinación con autoridades
Para hacer cumplir las sanciones aplicables a los sujetos obligados previstas en los artículos, la UAF podrá coordinar con las siguientes autoridades:
– El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua. Esto es a fin de establecer la cuenta bancaria de la Tesorería General de la República en la que debe ser depositado el importe de la multa que se aplique por la UAF.
– La Dirección General de Ingresos y las alcaldías a nivel nacional; para los casos de suspensión temporal de las operaciones o cierre definitivo del sujeto obligado sancionado.
Además, Nicaragua no es el primer país que cuenta con estas leyes que controlan y filtran datos financieros con el objetivo común de continuar siendo un muro de contención contra el narcotráfico.
Seguridad para el país
«Por eso es que el 99% de los 2.1 billones de dólares generados por el narcotráfico y blanqueo de capitales no los toca nadie. Porque utilizan estructuras legales como sistemas financieros para lavar dinero sucio»; indicó el diputado de Nicaragua, Wálmaro Gutiérrez.
Igualmente, señaló que el país eso no se registran esos casos de forma común. «Nosotros, gracias a Dios, en nuestro sistema financiero cada vez tenemos menor incidencia de que pudiese ser utilizado para lavar dinero sucio, a consecuencia de leyes como estas»; finalizó el diputado Wálmaro Gutiérrez.