La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de manera unánime la Ley Orgánica del Sistema Judicial; una normativa que busca fortalecer la administración de justicia en el país, garantizando su independencia, transparencia y acceso.
«La ley que aprobamos hoy instituye la justicia como un derecho del pueblo. La justicia establece que la ley emana del pueblo, es en su nombre y por delegación de los tribunales de justicia»; expresó Carlos Emilio López, diputado miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
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«Esta ley garantiza el acceso irrestricto a la justicia sin distinciones para todas las personas, en plena igualdad ante la ley. Asimismo, establece el principio de exclusividad, que significa que la función jurisdiccional es única y se ejerce únicamente por los juzgados y tribunales definidos en la presente norma. Solo a ellos les corresponde la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado»; aseguró.
La ley también incorpora mecanismos de modernización y reconoce la importancia de la justicia tradicional de los pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua. En ese sentido; se garantiza el uso de idiomas autóctonos en la Costa Caribe y el acceso a intérpretes para quienes no hablen español.
Respeto a la identidad de Nicaragua
«La ley reconoce las lenguas originarias de la Costa Caribe, como el garífuna, el miskito, el mayangna, el rama y el inglés criollo, como lenguas de obligatorio ejercicio en la justicia de la región. Además, se garantiza el derecho de cualquier persona que no hable español a contar con un intérprete en los juzgados o tribunales para ejercer correctamente su defensa»; expresó Edwin Castro, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
Además, dijo que se establece que «todos los juzgados, tribunales y la Corte Suprema de Justicia deben mantener el despacho judicial abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Durante ese horario, al menos cuatro horas diarias deben destinarse a audiencias, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales».
Con la aprobación de esta ley, Nicaragua avanza en la institucionalización de su sistema judicial; reafirmando los principios de equidad y acceso a la justicia para todos los nicaragüenses.
