En la Asamblea Nacional fue aprobada una Ley de Correduría de Bienes Raíces de Nicaragua, que fortalece el ordenamiento jurídico del país en esta materia.
Por mayoría parlamentaria absoluta fue aprobada esta iniciativa de Ley enviada por la Presidencia de la República y tramitada con carácter de urgencia.
A través de esta iniciativa de Ley de Correduría de Bienes Raíces de Nicaragua, se busca fortalecer el ordenamiento jurídico que permita garantizar la seguridad y transparencia que conllevan estas actividades comerciales.
«Se requiere la modernización del marco legal vigente, que regula el tema de los negocios de bienes raíces, el cual es una fuente de comercio en incremento en Nicaragua«; leyó la diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional.
Mejor regulación de bienes raíces en Nicaragua
A través de esta iniciativa se faculta al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; como autoridad competente para el registro y regulación de los corredores de bienes raíces y sus agentes.
«Deja claramente establecido quién es la autoridad que rige, supervisa y le da seguimiento a las actividades de los corredores y agentes de Nicaragua. En la Ley anterior, en el artículo 12, esa facultad de fiscalización, otorgamiento, suspensión y la cancelación de las licencias ha estado a cargo de una comisión técnica de bienes y raíces»; explicó el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Poder Legislativo.
El comité queda entonces como órgano consultivo. Otra novedad de la legislación es que se pone a tono con todo el ordenamiento jurídico internacional, al definir las obligaciones de los corredores y agentes; conforme a las legislaciones que combaten la narcoactividad, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
«Y es por eso que dentro de esta Ley se incorpora el capítulo 5 que dice expresamente en su epígrafe: obligaciones de los corredores de bienes raíces y sus agentes en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva«; agregó Gutiérrez.
Igualmente, se define un régimen de faltas y sanciones que regulan estas transacciones. Esto permite un mejor nivel de supervisión de este sector que es susceptible a actividades ilícitas.
De esta forma, el Estado continúa los esfuerzos para que Nicaragua cumpla con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.
