En la sesión de este jueves, los diputados aprobaron una Ley de Reconocimiento de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados; así como otra que tiene que ver con el fortalecimiento de la calidad de la educación en Nicaragua.
Con 84 votos a favor fue aprobada la Ley de Reconocimiento de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados, la cual actualiza la legislación nacional para el registro de estudios otorgados por instituciones de educación superior del país, así como establecer los procedimientos de reconocimiento de estudios en el extranjero.
La Ley también permite abaratar los costos de titulación y grados académicos en instituciones públicas y privadas autorizadas por el CNU.
“Las universidades, Instituciones de Educación Superior o Centros de Educación Técnica Superior podrán establecer un costo para la emisión y/o reposición del título de grado, el que no podrá exceder de 1 mil 500 córdobas. Más los cobros aranceles por derecho de graduación los que no podrán exceder a la mitad del valor del título”; leyó la diputada Loria Raquel Dixon.
Abaratar costos en las universidades
“Con la aprobación de esta Ley estamos restituyendo el derecho a los estudiantes nicaragüenses al facilitar y abaratar los tramites de titulación, lo que permitirá facilitar su inserción laboral”; intervino la diputada Ángela Espinoza, vicepresidenta de la Comisión de Educación.
En tanto, el diputado José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación, explicó que lo que se hace es regular.
“Obviamente decir, un título va a tener, sea en una universidad pública o una universidad privada, un máximo de 1 mil 500 córdobas y el estudiante no está obligado a participar en un acto de graduación, por lo tanto no podes cobrarle acto de graduación si el no quiere participar”; afirmó.
Diputados reforman Ley del CNEA
También en la Asamblea Nacional fue aprobada una reformas a la Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación.
“Esta reforma viene a dar una garantía jurídica a los procesos ya establecidos, porque en la Ley se establecen los procedimientos y mecanismos (inclusive) en aquellos casos que tengan que cancelarse o cerrarse universidades que no cumplan con los requisitos mínimos”; puntualizó el diputado Zepeda.
De forma general, con esta Ley se persigue el aseguramiento de la calidad de la educación superior; y así agilizar los procesos de acreditación de las universidades.
