En un reciente análisis en EstudioTN8, Adolfo Pastran, Analista Político, y Fabrizio Cassari, Periodista y Analista Político, abordaron la regulación de las ONGs, tanto a nivel internacional como en Nicaragua, en el contexto de una nueva ley que busca alinear al país con normativas internacionales.
Fabrizio Cassari subrayó que la cooperación implica un trabajo conjunto entre entidades gubernamentales y extranjeras para llevar a cabo proyectos de interés público, y que es natural que se exija a las ONGs cumplir con ciertos requisitos legales, al igual que a las empresas. Esta normativa, según Cassari, no es restrictiva, sino que facilita la cooperación y asegura que los capitales extranjeros puedan ingresar y colaborar de manera efectiva en proyectos en Nicaragua.
«La cooperación es una forma del verbo ‘cooperar’, que significa trabajar juntos. Por lo tanto, es muy coherente que dos entidades, una externa y la gubernamental, se unan para llevar a cabo una obra de interés público. Este es precisamente el deber del Gobierno de Nicaragua»; mencionó, Frabrizio Cassari, periodista y analista.
Adolfo Pastran, por su parte, resaltó que la ley es necesaria para regular situaciones donde algunas entidades se convirtieron en ONGs para evadir impuestos, situación que se volvió común en el país. Recordó que muchas de estas organizaciones habían dejado de cumplir con sus obligaciones de informar y que algunas fueron creadas por figuras políticas para beneficiarse de recursos estatales, destinando la mayoría de estos fondos a salarios y consultorías en lugar de cumplir con sus fines sociales.
Fabrizio Cassari defiende la nueva ley de ONGs en Nicaragua
«La gran mayoría de estos organismos no gubernamentales ya habían desaparecido debido a que no cumplían con la presentación de informes requeridos por la ley. Es importante recordar que la Asamblea Nacional ya había aprobado la disolución de docenas de estas personerías jurídicas»; Mencionaba, Adolfo Pastran, Analista Político.
«Incluso, algunos diputados liberales de legislaturas anteriores, que eran presidentes de fundaciones en León, recibían fondos del presupuesto general de la república. Los directivos de estas organizaciones eran, en muchos casos, sus propios hijos y familiares. Además, el 95% de los recursos se destinaba a salarios, consultas, asesorías, estudios y análisis»; Continuó, Adolfo Pastran.
Ambos analistas coincidieron en que la ley busca una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de las ONGs; alineando a Nicaragua con las normativas internacionales y evitando abusos que habían sido comunes en el pasado. Según Cassari, esta legislación es positiva y necesaria para el desarrollo y la correcta ejecución de proyectos que beneficien al país; desmintiendo así la narrativa negativa que algunos medios han difundido sobre la ley.
Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) son entidades que operan de manera independiente de los gobiernos y buscan promover causas sociales, humanitarias, o medioambientales. A nivel internacional, la regulación de las ONGs varía según el país; pero generalmente se basa en el cumplimiento de leyes que exigen transparencia en sus operaciones y financiamiento.
La ley de regulación de ONGs
Esto incluye la obligación de presentar informes financieros y de actividades, así como la rendición de cuentas ante las autoridades correspondientes. Además, organismos internacionales y convenciones globales también establecen directrices para garantizar que las ONGs actúen de manera ética y dentro del marco legal. Estas regulaciones buscan prevenir el mal uso de fondos y asegurar que las organizaciones cumplan con sus objetivos sin interferencias indebidas.
En el caso de Nicaragua, la implementación de leyes más estrictas para la regulación de las ONGs se toma como una medida para garantizar que estas organizaciones operen con transparencia y no se desvíen de sus propósitos originales.
El gobierno de Nicaragua, asegura que la ley beneficia al país al asegurar que los fondos destinados a proyectos sociales sean utilizados de manera eficiente; y que las organizaciones no se conviertan en vehículos de beneficio personal o familiar. La legislación busca prevenir la corrupción y el uso indebido de recursos, estableciendo un marco de control más riguroso para evitar que las ONGs se desvirtúen de su misión; contribuyendo así al desarrollo y bienestar del país.
