Se continúa informando a la población que el Ministerio Público de Nicaragua sigue con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro”, FUNIDES y los miembros de sus Juntas Directivas, por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros, así como por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer actos ilícitos; asimismo en contra de todas aquellas personas que se encuentran en calidad de investigadas por tener indicios de que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua.
El día de hoy se presentó la ciudadana Navarina del Carmen Martínez Cuarezma y el ciudadano Mario Héctor Rodríguez Heras, Representante Legal de Credisiman, quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse. Todo con relación a la investigación en contra de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”.
Se les previene a las personas que sean citadas para entrevista y que no se presenten, que deberán acreditar su inasistencia a través de medio verificable. En caso de no comparecer sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial que ordene la conducción forzosa por estar huyendo de la Justicia.
Amplían periodo de investigación
A su vez, se informa que hoy se presentó escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Noel José Vidaurre Argüello y Jaime José Arellano Arana, por estar siendo investigados por la Policía Nacional por tener indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055.
Además, presuntamente han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, y han incitado públicamente en distintos foros a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones y han demandado, exaltado y celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. Las audiencias especiales se llevaron a cabo hoy mismo, las solicitudes fueron admitidas por la judicial y se dictó detención judicial por 90 días para ambos investigados.
Cumpliendo con el ordenamiento jurídico nicaragüense, el Ministerio Público como representante de las víctimas y de la sociedad nicaragüense; continuará realizando las diligencias investigativas necesarias.
En todo momento ha velado por la calidad y objetividad de la investigación; así como por el respeto de los derechos constitucionales de las personas entrevistadas e investigadas y como parte del sistema de justicia penal, seguirá contribuyendo a mantener la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica.
Dado en la ciudad de Managua, a los 26 días del mes de julio del año dos mil veintiuno.
