La Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de la energía eléctrica al pueblo nicaragüense, se discutió y aprobó este lunes en el parlamento nicaragüense.
Con trámite de urgencia se admitió con 75 votos a favor.
Te interesa: Nicaragua aprobó la ley de defensa a los derechos del pueblo
"El acceso a la prestación del servicio de energía corresponde a un derecho inalienable a la población", indica la exposición de motivos.
La empresa Distribuidora del norte y la empresa Distribuidora del sur se han encargado desde el año 2000 de las operaciones; actualmente son las empresas consesionadas.
1 millón 156 mil son los clientes de energía en el país.
"Los integrantes valoramos como imprescindible que el acceso a los servicios públicos es un derecho humano fundamental y por esa razón debe de ser una prioridad (…) esta ley se orienta a modernizar el sistema, ampliación de la cobertura, fortalecer el desarrollo de las actividades productivas, mejora la calidad. Exhortamos para respaldamos de manera unánime la aprobación de esta ley", sostuvo el diputado Mario Ascensio.
Mayor desarrollo para el país
"Será totalmente del pueblo, ya no solo se garantizará cobertura, sino calidad y seguir fortaleciendo, eso es posible en un modelo que hace posible los derechos del pueblo", expresó el diputado Carlos Emilio López.
La participación accionaria de la empresa TSK Melfosur en Disnorte y Dissur, pasa a propiedad total del Estado de Nicaragua.
"A fin de garantizar la continuidad del servicio eléctrico, las empresas Disnorte y Dissur, serán operadas por las empresas del Estado. Como el Ministerio de Energía y Minas, Disnorte y Dissur seguirán siendo sociedades anónimas", dice la ley.
Este tipo de acciones fortalecen el servicio eléctrico para las familias nicaragüenses, garantizando así sus derechos, como parte del modelo de trabajo que hace el Gobierno Central.
