En la Asamblea Nacional, los diputados aprobaron este miércoles la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la materia del sector energético y minero, cuyo fin es simplificar, ordenar con claridad y certeza el marco jurídico vigente, suprimiendo normas que no han sido derogadas de forma expresa y que constituye un elemento contaminante que interfiere en la legislación vigente.
Tiene como fin constituirse en un compendio normativo que sirva para ordenar el marco legal del sector energético y minero de Nicaragua, logrando el fortalecimiento de la seguridad y certeza jurídica de las normas en la materia.
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Esto permitirá la continuidad del desarrollo económico social, político y cultural de todos los nicaragüenses y extranjeros que inviertan en todos los sectores antes referidos.
Con esta ley se ordena el marco jurídico y se da certeza y seguridad jurídica a los usuarios del servicio energético. Además, se promueve las inversiones nacionales e internacionales para el desarollo de este sector.
Su aprobación es para que de manera integrada y en un solo cuerpo encontremos todas las regulaciones de la materia y que la misma cumplan con la ley y normativa técnica.
En la actualidad se se han aprobado 14 digestos jurídicos en las diferentes materias. La aprobación de la ley se hizo necesaria, porque energía y minas son pilares fundamentales de la economía nicaragüense.
Mejor organización y normativos en el sector
"Es importante podamos tener esta la herramienta del digesto jurídico de la materia de sector energético en el país, que ha tenido una transformación sin precedentes en la historia, nunca antes vista, que un Gobierno haya invertido tanto en energía en el país. Se tiene reconocimiento a nivel internacional. Al día de hoy hay una cobertura de energía eléctrica de más del 98% y hay una generación de energía renovable de más del 74%", aseguró la diputada Jenny Martínez, Presidenta de la Comisión de Infraestructuras.
"284 normas de este digesto están incorporadas, todas las que reflejan un antes y después del desarrollo energético del país. Solo el 54% de la población nicaragüense contaba con ese servicio y había una de las peores crisis energéticas con interrupciones de 12 horas diarias, lo que trajo como consecuencia pérdidas económicas al país y es a partir del 2007 luego de asumir el Gobierno el FSLN que se logró y se orientó la intervención directa en el suministro de energía eléctrica, generación transmisión y distribución", expuso Martínez.
La ley no se opone a la Constitución Política de la República, leyes constitucionales, ni a los tratados y convenios internacionales suscritos por la República de Nicaragua.
