3 millones de firmas fueron presentadas a la Asamblea Nacional como respaldo a la iniciativa de reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, pena de cadena perpetua para aquellos que cometan crímenes de odio, así expusieron autoridades ante las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
“En estos momentos nuestra población se encuentra consternada ante el incremento de algunos crímenes que han venido ocurriendo de manera particular en la zona norte de nuestro país”, indicó la diputada Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y presidenta de la Comisión Especial Constitucional de la Asamblea Nacional.
“En respuesta a esta demanda popular hemos presentado esta iniciativa de ley de reforma al artículo 37 que consideramos que merece especial atención y consideración para fortalecer una política pública rigurosa para ciertos hechos delictivos de gravedad”, agregó Martínez.
Destacaron que una cadena perpetua no atenta contra la dignidad de las personas ni a los derechos fundamentales, y que no sería aplicable a cualquier persona, sino que va a apuntar a quienes cometan delitos graves, situaciones de crueldad inhumanas, hechos delictivos que provoquen conmoción nacional.
“Esta reforma consiste en adicionar al artículo 37 un párrafo más que dice excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias degradantes, humillantes que provocan rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”, añadió Martínez.
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Aseguraron que la pena cumple fines preventivos con una función retributiva “porque de acuerdo a la Constitución la persona no puede ser utilizada como objeto, sino que tiene que ser el centro de atención de toda la sociedad y de todo el Estado de Nicaragua para permitir el libre desarrollo de su personalidad, que puede ejercer aquellos derechos fundamentales que no han sido restringido en la sentencia”, aseguró Silvio Grijalva, asesor de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
“Hace funciones de revisión general y esas funciones de prevención general están dirigidas a la comunidad para que se abstenga de cometer conductas que están prohibidas y que al aplicar la ley se confirma los valores que establece la norma penal como tal”, puntualizó Grijalva.
Parámetro de excepcionalidad
Mencionaron que el objetivo de la reforma constitucional no interfiere con la legislación penal nicaragüense que establece la pena máxima de 30 años. “Eso se mantiene intacto lo que viene hacer la reforma es crear un parámetro de excepcionalidad”, refirió el diputado Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de Justicia y Miembro de la Comisión Especial Constitucional.
El diputado destacó el tipo de reforma que se pretende establecer en Nicaragua, una prisión perpetua reversible.
“Cuando la persona haya cumplido determinado número de años dentro del sistema penitenciario y que haya una evaluación dentro de la institución su prisión perpetua será revisada, es decir, que existe la posibilidad que esta persona pueda salir de la cárcel, pueda salir del sistema penitenciario, ese carácter y esa finalidad revisable, permite que el sistema penitenciario siga cumpliendo su naturaleza, su carácter y su razón de ser”, concluyó López.
A través de esta reforma, se pretende proteger los derechos a la vida y a la integridad de las y los nicaragüenses.
