La Presidencia de la República presentó ante la Asamblea Nacional una solicitud de reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética y sus Reformas, la cual persigue la adopción de una serie de medidas para mejorar la situación económica de este sector, el cual presta un servicio público esencial para la actividad social y laboral del país.
El documento que solicita trámite de formación de Ley fue enviado por el secretario privado para políticas nacionales de la presidencia, Paul Oquist, quien refiere en el texto que el artículo 105 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos, entre los que se destaca el suministro de energía eléctrica a la población nicaragüense”.
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“En esa misma línea constitucional, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica número 272, la actividad de distribución de la industria eléctrica es un servicio público de carácter esencial por estar destinada a satisfacer necesidades primordiales de la población en forma permanente”, leyó el tercer secretario del parlamento, diputado Alejandro Mejía Ferreti, como parte de la exposición de motivos de esta reforma.
Medidas necesarias
“Al ser obligación del Estado garantizar el servicio continuo de energía eléctrica a la población, se hace necesaria la adopción de medidas adecuadas que permitan contribuir a la suficiencia financiera del sector eléctrico en su conjunto, dado que este sector es un pilar fundamental de la economía del país y del bienestar común”, reza el documento.
La propuesta de reforma fue remitida a la Ley de Infraestructura y Servicios Públicos por el presidente del poder legislativo, el diputado Gustavo Porras; para que inicie el proceso de consulta abordando a los actores clave de este sector antes de ser discutida y aprobada en plenario.
