Después de la salida de los detenidos por los hechos de violencia acaecidos desde abril 2018, según se acordó en la Mesa de Negociación, la Comisión de la Verdad, valoró de positivo este acatamiento y resaltó que el siguiente paso debe de ser las reformas electorales, mecanismos que se venían trabajando desde 2016.
“Con la contundencia que se hizo todo este proceso de liberación y con la prioridad que se hizo y además basado en la lista consensuada, ya no hay muchos argumentos alrededor de eso”, puntualizó Cairo Amador, integrante de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz.
Recodó que las negociaciones con las reformas electorales tienen que ser entre los sectores políticos.
“Evidentemente los partidos son parte de ese cuerpo de consultas”, dijo.
Sobre casos específicos que manipularon medios de comunicación aseguró que se trata de juegos políticos de los grupos de oposición.
“¿No me imagino, como alguien que está a tres días de ser liberado, que sabe que va a ser liberado, que el público sabe que lo van a liberar, de repente le den pastillas envenenadas, ósea es parte del juego político si se quiere, pero la verdad en algunos casos tiene visos de comedia”, refutó Amador,
Sobre la aparición de nuevas listas de presos dijo que, “la imaginación es el límite, estamos tratando de buscar, hay listas de hace 2 semanas cuando estaba claro todo, de desaparecidos que nadie ha denunciado”, apuntó.
No repetición
“Aquí lo que está prohibido es acciones que ponga en peligro la vida, que sean amenazas o que incurran en la tipificación de delitos, contemplados en nuestro código, eso no quiere decir de alguna manera, menoscabar el derecho de la libre expresión y menos de la libre manifestación, lo que no implica no reconocer o no cumplir con los necesarios reglamentos que están establecidos para ellos”, recordó Amador.
La comisión también trabaja en el programa de retornos con los nicaragüenses en el exterior.
“Estamos tratando de incidir en la repatriación, establecer mecanismos de acogida a las personas que están entrando a Nicaragua y que han venido a tocar las puertas de esta comisión, seguimos teniendo las puertas abierta, creemos que la reinserción es una tarea de toda la sociedad”, valoró Amador.
Adelantaron que pronto presentarán el cuarto informe de la comisión con cifras de respaldo, documentación, fuentes y filtros. Compartimos de manera íntegra el comunicado presentado este miércoles:
COMUNICADO 0012 -2019
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, observa el cumplimiento del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional GRUN, en relación a la liberación de los ciudadanos que se encontraban privados de libertad por quienes alteraron la estabilidad económica, política, jurídica y sicológica de la familia nicaragüense.
La liberación de estos ciudadanos se cumple conforme la puesta en vigencia de la Ley No. 996, Ley de Amnistía que, luego de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, otorga perdón a todas las acciones de todos los ciudadanos que participaron en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018, hasta la fecha de entrada en vigencia de la misma.
Para esta Comisión, es necesario mencionar que, de acuerdo a las investigaciones y verificaciones realizadas en cumplimiento de nuestra misión, de aclarar los hechos ocasionados desde abril 2018, entre las 927 personas detenidas en este contexto se identificaron 469 ciudadanos que hasta antes del 18 de abril habían cometidos distintos delitos por los cuales ya habían sido procesados con anterioridad.
Reconocemos por ello que la aprobación de esta Ley es como bien cita la misma “un acto soberano del Estado Nicaragüense que observa el ordenamiento jurídico vigente y los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es Estado Parte”.
Esta Ley cubre todos los procesos administrativos y jurisdiccionales en materia penal; ordena la libertad de los presos; decreta la cancelación de Registros de antecedentes penales; y recoge el principio de No Repetición como compromiso de contrapartida de las personas beneficiadas a no volver a realizar actos que impliquen la comisión de delitos contemplados en la Ley.
Esto último, significa que en el marco del fortalecimiento de un Estado Democrático y Social de Derecho, de una Nicaragua que desea Paz y No Violencia, amante del bien común y la convivencia pacífica entre las y los nicaragüenses, no se debe incidir en la continuación de acciones y delitos que atenten contra la libertad y el derecho a la vida y más bien dirigir esfuerzos en pro de la convivencia familiar y el reencuentro entre ciudadanos que inician a partir de ahora un proceso de integración y regreso a sus hogares.
Mucho se está criticando esta ley, con mucha enjundia se ha sostenido que al final solo sirve como escudo de impunidad a las fuerzas de la Policía Nacional y sus fuerzas auxiliares, incluso en un lenguaje de suave prosa se dice que la única culpabilidad fue protestar cívicamente.
Esto parte de una falsa premisa, sí hubo manifestaciones pacíficas, multitudinarias y no violentas, las que transcurrieron en relativa calma, y baja incidentalidad, lo que no borra el camino violento, confrontativo y belicoso que se desarrolló alrededor de los llamados tranques, el saldo de 253 muertos y 2018 lesionados, numerosos de ellos con armas de fuego, así lo testimonia de forma elocuente, en ambos bandos.
Esta medida cubre a todos con el objeto de seguir adelante, de buscar y refundar una sociedad enfrentada entre sí, y continuar por el camino de encontrar y renovar una legalidad y legitimidad, que dirija al país a partir de las próximas elecciones, el próximo paso es pues abocarse a las reformas electorales que deben ser sujetas a discusión por los partidos políticos, los movimientos sociales y resto de expresiones organizadas del país, con miras a las nuevas elecciones.
Es necesario reconocer las contradicciones dialécticas que surgen en los diversos intereses que se relacionan en todos los ámbitos de la vida nacional, para situarlos en un nivel donde las contradicciones sean administrables mediante el ejercicio de los mecanismos de regulación social, así como la disposición patriótica conducida por diversos liderazgos.
De acuerdo a nuestras investigaciones, los hechos provocados entre abril y diciembre del 2018, dejaron como consecuencia una persona secuestrada, 253 fallecidos; 2,018 personas lesionadas y 927 capturados. No más fuerza debe usarse más que aquella que asegure el orden público, hemos asumido una responsabilidad con Nicaragua de la que depende su institucionalización y su sistema político.
Confiemos en la gente sencilla y honrada, religiosa y creyente, pacífica y patriota, amante de la paz y creyente de la familia, desde su unidad individual hasta la formada por todos en la casa de todos que es nuestro país y con la madre de todos que es nuestra patria.
Respetemos, acojamos, como se merecen a nuestros hermanos que están regresando y los que están saliendo en libertad y en general a todos los que piensan diferentes, porque el pensamiento no tiene uniforme. Roguemos que a este pueblo, y pueblo somos unos y otros, nos cobije la sensatez que sepamos dirimir nuestras diferencias en unas elecciones libres, transparentes, supervisadas y con un orden electoral reformado.
Pero OJO, lo primero son las reformas y estas deben ser objetos de discusión por los partidos políticos, los movimientos sociales, comunales, religiosos en todo el territorio nacional, que además debe ser refrendado por la mesa del diálogo y la Asamblea Nacional, acciones estas que ya están atrasadas, y de la que depende la renovación, la refundación social, la institucionalización y democracia del país.
De conformidad a la reciente aprobación de la Ley de Atención Integral a las Víctimas y la Ley que otorgó amnistía a todas las personas involucradas en los graves hechos de violencia perpetrados en Nicaragua durante el año 2018, esta Comisión de la Verdad, Justicia y Paz hace saber a los y las nicaragüenses, que se han dado pasos fundamentales para el restablecimiento de la paz y reconciliación de nuestro pueblo. Nos solidarizarnos con cada una de las víctimas de este período tan terrible, quienes en muchos casos cargarán con las secuelas físicas y sicológicas durante toda su vida. Estos sobrevivientes, que conviven con la sanación de sus heridas, enfrentan una nueva lucha: el proceso del perdón.
Interpretamos que con la Ley de Atención Integral a las Víctimas, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, tiene la voluntad de atender los daños y secuelas provocadas entre nicaragüenses en el período del 18 de abril al 31 de diciembre del 2018.
El cumplimiento de estos importantes acuerdos por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, debe interpretarse como un instrumento para la búsqueda de la estabilidad y el aseguramiento de la paz de Nicaragua. La libertad de los presos vinculados con los hechos de violencia, representa una muestra de voluntad inequívoca, para restablecer el trabajo la mesa de negociación, que es la única vía para sanar las heridas causadas por esos terribles actos y para dar a los nicaragüenses una respuesta definitiva frente al deterioro que estas han causado en la calidad de vida de los nicaragüenses.
Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional, para que aporten soluciones constructivas, que sirvan de facilitadores para encontrar soluciones y no obstáculos. Las amenazas y el chantaje, no representan una actitud responsable y coherente, que nos conduzca la paz de Nicaragua, sino más bien busca alejarnos de la misma. Managua 12 de junio del 2019.
