La misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició formalmente en Nicaragua el 26 de junio de este año. Su objetivo era brindar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional, lamentablemente sucedió otra cosa y su visita mutó a una misión in loco para observación de derechos humanos, esa extralimitación fue señalada en las consideraciones del Estado de Nicaragua al Informe de la OACNUDH llamado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”.
La OACNUDH violó la resolución de la Asamblea General 48/141 yendo más allá de las facultades que se le otorgaron, a eso hay que añadir el terrible sesgo que presenta buena parte del informe. Estas son algunas de las serias inconsistencias de la labor de la OACNUDH en nuestro país:
1.- El informe tiene por nombre “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”. Este título no se corresponde con la realidad de la crisis, porque es claro que lo que ocurrió fue un intento de ruptura del orden constitucional e institucional del país y no protestas pacíficas reprimidas por el gobierno. Hay vasta evidencia sobre esto, por ejemplo, los ataques sistemáticos a las instituciones del Estado que tenían como fin detener el normal funcionamiento del gobierno y sus instituciones, sino de qué otra forma se explica la muerte de 22 efectivos de la Policía Nacional.
2.- El uso de la fuerza letal por parte de las autoridades en contra de amenazas no letales. Esta aseveración no está sustentada en investigaciones serias, se basa en denuncias sin verificar. Lo que sí está comprobado es que grupos armados operaban con armas de fuego, armas artesanales y bombas molotov. Se tiene suficiente información acerca del asedio de estos grupos a las estaciones de policía y a instituciones del Estado y en estos casos el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego fue proporcional al tipo de resistencia enfrentada.
3.- Afectación al disfrute general de los derechos a la salud, al trabajo, a la educación y a la alimentación por recortes presupuestarios. El informe hace énfasis en cómo ciertos derechos humanos se verían comprometidos por la reforma al presupuesto general de la república pero peca al no mencionar el daño ocasionado por el sector opositor a la infraestructura pública, daño calculado en alrededor de 205 millones de dólares. Minimiza los efectos negativos de los tranques y barricadas, mecanismos nefastos responsables de la afectación de estos derechos, siendo el derecho al trabajo uno de los más perjudicados. Según informes oficiales al 31 de julio 68 mil empleos de nicaragüenses que cotizaban al Sistema de Seguridad Social se vieron afectados. El derecho a la salud también sufrió, se destruyeron 55 ambulancias, dos sedes de SILAIS y una casa materna, pero claro esos datos no caben en su relación de hechos.
4.- Al 27 de abril, se habían reportado 30 muertes, en su mayoría estudiantes universitarios, un periodista y dos agentes de policía. No es cierto que la mayoría de los muertos eran estudiantes universitarios. La Comisión de la Verdad Justicia y Paz en la nota de prensa del 29 de mayo contabilizó al 28 de mayo un total de 85 fallecidos, identificando a 5 estudiantes universitarios y a 4 estudiantes de secundaria, la gran mayoría eran ciudadanos de la población en general. Es vergonzoso que la OACNUDH se preste a reproducir datos tergiversados. Hablando de estudiantes universitarios, Cristhian Emilio Cadena, universitario que murió calcinado defendiendo el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) tampoco alcanzó mención en su informe.
5.- Las universidades se convirtieron en centros de movilización estudiantil. Las manifestaciones pacíficas en las universidades duraron muy poco, casi de inmediato las zonas aledañas a las universidades (como el caso de la UPOLI y la UNAN) se convirtieron en focos delincuenciales, desde donde se cometían delitos comunes como robos, portación ilegal de armas, tenencia de explosivos, entre otros. Existe una acusación en curso en contra de las personas que aprovechaban las barricadas de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) para delinquir.
6.- Persecución y criminalización de líderes sociales y de las protestas. Los tranques constituyeron centros de crimen organizado, en sus cercanías se cometían distintos delitos, entre los cuales tenemos delitos de asesinato, secuestros, torturas, incendios, violación, extorsión, entre otros. Sabiendo esto resulta lógico que se hayan detenido a personas que usaban los tranques no como método de protesta (a como pretende afirmar la OACNUDH) sino para alterar el orden público. No se puede poner como excusa una manifestación para delinquir.
7.- La Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue diseñada para la persecución política de la oposición. Cuando la OACNUDH pretende hacer parecer que dicha ley es contra los disidentes del gobierno demuestra su nula objetividad. La ley mencionada es aprobada para cumplir una de las 40 recomendaciones del GAFI, bastaba con que la OACNUDH buscara en la web el archivo de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua por el GAFILAT en el año 2017, en donde recomendó que el tipo penal de terrorismo y su financiamiento se adecuara a los estándares internacionales.
8.- Los detenidos han sufrido torturas y agresiones sexuales. No existe ni un solo caso documentado que demuestre que los detenidos han sido objeto de torturas o agresiones sexuales.
El Gobierno nicaragüense hace bien en rechazar de manera integral el informe de la OACNUDH, es evidente que está parcializado, su redacción es tan descuidada (o malintencionada) que en su lenguaje justifica el actuar violento de la oposición, aduciendo que la respuesta del gobierno fue la causante de la misma. Además, crítica las investigaciones estatales poniendo en duda los actos violentos de los manifestantes antigubernamentales, sin embargo, toma como veraz la información que recibe de los Organismos No Gubernamentales (ONG) a pesar de la visión politizada de sus denuncias.
Sus afirmaciones no se basan en casos documentados sino en información tendenciosa proveniente de sectores vinculados a la oposición.
Si la OACNUDH tomó la decisión de extralimitarse en sus funciones por lo menos hubieran hecho un trabajo más creíble.
