El Primer Informe Preliminar sobre la situación de violencia desde el 18 de abril al 4 de Julio del 2018, refleja que se ve con preocupación la escalada de violencia y odio que se difunde en Nicaragua.
Sobre hechos violentos se registran 222 personas fallecidas, de las cuales 13 no están vinculadas a las protestas, y otras 8 que algunas organizaciones han reportado como fallecidas, pero que a través de distintos medios se ha aclarado que continúan vivas, por eso no se incluyeron en la base de datos en este informe.
De esas 222 víctimas, 184 están vinculadas al conflicto, 25 a fuego cruzado y 13 fuera de conflicto.
Durante este período analizado se observa un continuo aumento de personas fallecidas, donde la mayor cantidad se da entre eventos masivos. Se constata un incremento a partir del 30 de mayo, 8 de los 23 muertos ocurren en Managua y 15 en el resto del país.
Se estableció día de mayor frecuencia particularmente sábado y miércoles. En cuanto a género, 13 mujeres y resto varones.
En los departamentos y regiones autónomas del país, se registran 104 personas fallecidas y en Managua 105.
Te puede interesar: Canciller Moncada en la OEA: Gobierno de Nicaragua continúa trabajando por el restablecimiento de la paz
Entre la ocupación de estos fallecidos están trabajadores por cuenta propia 57, 49 obreros, 13 policías, 11 menores de edad, 9 estudiantes universitarios, 6 estudiantes de secundaria, entre otros.
Entre las circunstancias de fallecimiento, se señala que 31 son participantes de las protestas iniciales, 108 se adjudican a los tranques, 13 en resguardo a bienes públicos y privados, dos en ocasión de la destrucción de estructuras metálicas conocidas como Árbol de la Vida, 6 víctimas de incendios, entre otras.
Hasta la fecha, esta comisión ha verificado la información de 1,325 personas lesionadas. Y es una preocupación que se hayan recibido denuncias de ciudadanos, que han sufrido vejámenes tanto a su persona y a familiares. Así mismo, secuestros y torturas, que de acuerdo a la investigación de la comisión estos actos se cometieron mayormente en los tranques y en diferentes protestas.
Hasta el 2 de junio, se reportan 620 personas detenidas, de las cuales 64 eran menores de edad. Del 18 de abril al 16 de junio se registraron 126 hechos de destrucción, quema, saqueo, robo a infraestructura y vehículos del estado y sector privado.
El sector turismo es el más afectado, bajando en un 25.6% la actividad hotelera y restaurantera, con una pérdida de hasta 231 millones de dólares. Las pequeñas y medianas empresas también han sido afectadas fuertemente, indicando que sus pérdidas no son todavía cuantificables. La crisis ha generado el crecimiento del desempleo.
Se detalló de 78 municipios afectados. Las pérdidas por destrucción de obras públicas son de 805 millones de dólares, y las pérdidas en la economía nacional está por encima de los 430 millones de dólares.
Los miembros de esta comisión comprobaron que el Ministerio de Salud y el INSS dieron órdenes expresas de dispensar atención y servicios médicos a las personas que asistieron a los hospitales, centros de salud, puestos médicos y unidades previsionales.
Ante el uso de la fuerza pública desproporcionada por parte de la Policía Nacional, se menciona que ésta ha tenido que responder al ataque de armas de fuego convencionales y artesanales.
Las recomendaciones se centran en que se dé el cese inmediato de todo tipo de violencia venga de donde venga, apoyo a los 15 puntos vertidos por el informe de la CIDH, así como la continuidad al diálogo nacional.
