En España este lunes se juzgó a Aditya Verma, un joven británico que causó una alerta de seguridad en el país por una falsa amenaza de bomba en un avión en 2022; informaron medios locales.
El 3 de julio de ese año, Verma, en ese entonces de 18 años, viajaba con seis amigos de Londres a la isla española de Menorca y, antes de abordar su vuelo, mientras estaba en el aeropuerto de Gatwick, les envió un mensaje en broma a un grupo privado de la red social Snapchat. «De camino a estallar el avión, soy un miembro de los talibanes»; escribió el acusado, según reveló este 22 de enero ante la Audiencia Nacional.
De acuerdo con la cadena BBC, su comentario fue captado a través de la red wifi del aeropuerto y puso en alerta a los servicios de seguridad de Reino Unido, quienes avisaron a las autoridades españolas cuando la aeronave de la compañía EasyJet sobrevolaba el espacio aéreo francés. Ante esta situación; el Ministerio de Defensa de España desplegó dos cazas F-18 que escoltaron al avión comercial.
Verma fue arrestado a su llegada a Menorca, permaneció en una celda durante dos días y luego fue puesto en libertad. De vuelta en Reino Unido, fue interrogado por los servicios de inteligencia del país; que no encontraron razones para vincularlo con grupos yihadistas radicales.
Joven británico causó una alerta de seguridad en España
Verma insistió este lunes frente a la Justicia española que escribió esas palabras en un contexto privado y con su grupo de amigos del colegio; con el que habitualmente bromeaba al respecto dado sus rasgos físicos y el color de su piel por su origen indio.
Asimismo, reconoció que nunca pensó en asustar a las personas que viajaban con él en el avión porque en ningún momento hizo público su mensaje. Por otro lado, afirmó que cuando vio los dos cazas que flanqueaban el avión los asoció con algún tipo de «ejercicio militar» relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania; y no con el texto que había escrito.
Si bien el británico no fue acusado de terrorismo ni la Fiscalía solicitó pena de cárcel, la Justicia española lo acusó de un presunto delito de desorden público con afectación a la seguridad nacional y pide el pago de una multa de 22.500 euros (unos 22.400 dólares) más una indemnización de casi 95.000 euros (103.000 dólares); por los gastos derivados del despliegue de los cazas. En los próximos días se conocerá el veredicto.
