En El Salvador se conmemoran dos años desde la instauración del régimen de excepción, y para los familiares de cientos de detenidos y defensores de derechos humanos, el Gobierno ha encarcelado a miles de personas inocentes.
En este contexto, madres y familias se enfrentan a la incertidumbre sobre el paradero de sus hijos y seres queridos, por lo que demandan respuestas y justicia por parte de las autoridades.
El 27 de marzo del año 2022, el Congreso aprobó el régimen de excepción. La medida ha sido altamente cuestionada por defensores de derechos humanos. También, muchas familias salvadoreñas denuncian que sus parientes han sido detenidos de forma arbitraria.
El Gobierno defiende la implementación de este régimen pues alega que ha hecho posible convertir al país en uno de los más seguros del continente.
Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción
A Vilma Villacorta le capturaron a su hijo dos días después de que el Congreso aprobó el régimen de excepción. Tras dos años denunciando la injusticia y exigiendo su libertad no ha obtenido respuesta.
“Ya llevo dos años y no tengo respuesta ninguna. Yo he ido a la procuraduría, he ido a la fiscalía, fui a los derechos humanos y no tengo ninguna respuesta”; declaró.
Cientos de madres, padres, esposas, abuelos e hijos mantienen vivo en las calles el grito de denuncia y exigen la libertad de sus parientes detenidos, pues afirman que no tienen vínculos con pandillas. Ante las innumerables denuncias, surge el movimiento de víctimas del régimen de excepción que acompaña la lucha de estas familias.
El fundador del Movimiento de las Víctimas del Régimen de Excepción, Samuel Ramírez declaró, que; “primero capturan a la gente y luego investigan, pero esas investigaciones no son transparentes porque hay mucha gente que tiene dos años, ya va a cumplir dos años de estar presa, no ha sido condenada porque no han encontrado delito y ahora lo que quieren es más tiempo para investigar. Muchos ya murieron esperando ese proceso transparente, entonces ¿quién va a reparar a esas víctimas?”.
Cercos de seguridad y detenciones
Defensores de derechos humanos sostienen que el estado de excepción, aprobado después de una matanza que dejó más de 80 salvadoreños muertos en tres días, se ha convertido en un arma de persecución para opositores.
La abogada del Comité de Familiares de Presos Políticos Cofappes, Ivania Cruz, explicó que; “el régimen lo que le importa obviamente es callar la voz y al callar la voz genera miedo y un gobierno que te genera miedo se convierte en un gobierno terrorista que obviamente bajo ese terror quiere manipular masas, eso es lo que representa el régimen de excepción en El Salvador”.
Cada 30 días el Congreso dominado por el oficialismo aprueba la prórroga de esta medida que suspende la libertad de reunión y asociación, elimina los derechos de los detenidos, autoriza captura sin orden judicial y amplía el tiempo de detención administrativa, entre otros.
Para el gobierno, el régimen detuvo el derramamiento de sangre, permitió la captura de más de 78.000 personas, redujo la tasa de homicidios y convirtió al país en uno de los más seguros del continente.
También este régimen de excepción ha permitido la implementación de cercos de seguridad. Hoy cuatro municipios del Departamento de Chalaterango están sitiados por 5.000 soldados y 1.000 policías que de acuerdo con la versión oficial buscan detener a una banda de pandilleros que opera en la zona, pero familiares de personas que residen en ese sector están calificando la acción como un plan de militarización de dichos municipios.
