Una de las quejas constantes que por años han venido denunciando padres de familia y tutores legales de niños en la Ciudad de Nueva York tiene que ver con la manera en que la Agencia de Servicios Infantiles (ACS) investiga las denuncias de presunto abuso y negligencia, que según afectados, llegan a ser muchas veces desproporcionadas e incluso abusivas e intrusivas.
Y este martes, varias familias afectadas por lo que definen como prácticas coercitivas y tácticas degradantes contra infantes y adultos; llevaron sus quejas a los tribunales e interpusieron una demanda colectiva contra la Ciudad de Nueva York, que de preposterar, obligaría a la agencia a hacer cambios en la forma en la que investiga las denuncias, que cada año superan los 40,000 casos.
“ACS deja a su paso miedo real, trauma real y consecuencias reales que deben tenerse en cuenta”; aseguró David Shalleck-Klein; abogado de las nueve familias que presentaron la demanda y fundador y director de la organización Family Justice Law Center, quien aclaró que la medida no busca frenar el trabajo investigativo de ACS, sino que se se acabe con los registros ilegales y abusivos.
Padres de Nueva York denuncian abusos
La demanda alega que los trabajadores sociales de ACS frecuentemente presionan a los padres para que les permitan el ingreso a sus hogares; con mentiras y amenazas de llamar a la policía y llevarse a sus niños, incluso cuando no se trata de emergencias creíbles.
Asimismo, en las 49 páginas presentadas ante la corte, los demandantes; quienes reclaman daños monetarios y el fin de lo que definen como prácticas inconstitucionales, advierten que funcionarios de ACS registran espacios privados y hasta a menores desnudos, lo que deja a familias enteras, mayormente latinas y negras, en riesgo de desarrollar cuadros de depresión, ansiedad y otros trastornos.
Ebony Gould, una de las madres que interpuso la demanda; quien tiene tres hijos y asegura haber sido investigada por la Agencia de Servicios Infantiles en 12 oportunidades, todas ellas infundadas, señaló que ante el proceder de ACS, los padres de familia sienten que no tienen más opción que permitir que los investigadores entren a sus casas.
