Una reforma, que lleva décadas discutiéndose genera masivas protestas en Indonesia, fue respaldada hoy por el Parlamento de Indonesia este martes, el país con más musulmanes del mundo y tradición liberal, se trata de una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apostasía. Además de los insultos al presidente, entre otros cambios.
Entre las cláusulas más criticadas están la prohibición del sexo fuera del matrimonio en cualquiera de sus formas con hasta un año de prisión, así como el castigo de los insultos al presidente con un máximo de tres años de cárcel; además de la ilegalización de la apostasía.
Tras su aprobación, se abre un periodo de «unos dos años» en el que la reforma podrá ser disputada en el tribunal constitucional del país, explicó a EFE Nurwidiastomi, quien restó crédito al proceso por «los vínculos» entre dicha corte y el Gobierno y cree que acabará siendo implementada.
En el «ojo del huracán» el nuevo código penal en Indonesia
La reforma ha generado protestas desde que se hizo amago de aprobarla en 2019, cuando se paralizó tras masivas manifestaciones en el país, mientras decenas de personas se manifiestan en su contra desde ayer frente al Parlamento en Yakarta.
Casi un centenar de ONbG denunciaron en un comunicado el lunes que su contenido es «antidemocrático»; por la supresión de libertades que conlleva, en la que supone la reforma más extensa del código penal desde la independencia de Indonesia de Holanda en 1945.
Sus detractores condenan la «islamización» del país de mayoría musulmana, que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).
La reforma incluye por primera vez la consideración de apostasía como un crimen y amplía las leyes ya existentes contra la blasfemia, urgiendo a perseguir a quienes expresen opiniones públicas o cometan «actos hostiles» contra las religiones profesadas en Indonesia con hasta 5 años de cárcel.
También castiga los insultos al presidente y vicepresidente del país con un máximo de tres años de prisión, y prohíbe las protestas pacíficas sin permiso previo; con castigos de hasta seis meses de cárcel.
