La Fiscalía surcoreana ha pedido este miércoles la pena de muerte para una madre acusada de matar a su hija adoptiva de 16 meses en octubre del año pasado. La bebé, adoptada en febrero de 2020, murió por graves lesiones abdominales y sangrado interno. El caso ha dado lugar a un acalorado debate público sobre la posibilidad de poner fin a la moratoria sobre la pena capital actualmente vigente en el país.
La acusada alega que las heridas que sufrió la bebé se debieron a una caída accidental, pero los médicos descartaron esa posibilidad, insistiendo en que ese tipo de lesiones solo pudieron ser fruto del uso de fuerza externa.
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La mujer, identificada solo con su apellido, Jang, fue imputada por homicidio y maltrato infantil con resultado de muerte, mientras que el padre adoptivo afronta cargos de maltrato infantil y negligencia. Para él, la Fiscalía pidió 7 años y medio de cárcel. La audiencia en la que se anunciará el veredicto para la pareja está prevista para el 14 de mayo.
Los fiscales sostienen que Jang fue "indiferente a la salud y seguridad de la víctima y pensó que lo que le sucedió no importaba", subrayando que "a la niña no le dieron ningún tratamiento hospitalario incluso después de que su salud empeorara por abusos continuos", recoge sus palabras la agencia Yonhap.
La muerte de la bebé ha causado conmoción en el país y reavivó la antigua polémica sobre la moratoria sobre la pena capital, aumentando las voces que se pronuncian a favor de la reanudación de las ejecuciones. Cientos de personas enviaron peticiones al tribunal para exigir justicia para la menor.
La última ejecución en Corea del Sur tuvo lugar en 1997. Desde entonces, unas 60 personas fueron condenadas a la pena de muerte, pero ninguna llegó a ser ejecutada. A día de hoy, Seúl mantiene la pena capital bajo el artículo 41 de su Código Penal, pero el país asiático es considerado como "abolicionista en la práctica", lo que significa que la sentencia no ha sido implementada en los últimos diez años.
