Organizaciones y profesionales de la salud en Colombia rechazaron un decreto que obliga a todos los médicos a estar disponibles para atender la pandemia de la COVID–19, por considerar que no les brinda seguridad médica ni garantías laborales.
En un comunicado difundido este lunes, sindicatos y organizaciones de la salud describieron como "inaceptable" un decreto del presidente Iván Duque que, en su concepto, "atenta contra el derecho fundamental a la vida y a la salud del personal sanitario (…) sin las condiciones mínimas de protección laboral y de bioseguridad".
La Coalición por el Talento Humano en Salud se sumó a la protesta en otra misiva dirigida al mandatario tras el fallecimiento el fin de semana de los dos primeros galenos por complicaciones asociadas al nuevo coronavirus.
"El personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo", indicó en un boletín la asociación que reúne a 35 organizaciones de trabajadores sanitarios.
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El decreto firmado la víspera por Duque obliga al personal médico en ejercicio o formación a estar preparado y disponible para movilizarse ante la pandemia que deja 112 muertos y más de 2 mil 800 contagios en Colombia.
Es un "acuartelamiento en un sentido figurado", explicó el mandatario, aunque matizó que el llamado sólo se hará ante una situación extrema.
Las mujeres embarazadas o los mayores de 70 años están exceptuados de la medida, entre otras salvedades.
En los últimos días los trabajadores sanitarios de Colombia también han denunciado discriminaciones y rechazos para acceder a transporte público, mercados y vivienda por parte de personas que los consideran fuentes de contagio.
El mandatario conservador dijo este lunes en una entrevista con la emisora Olímpica Stéreo que la protección del personal de salud expuesto a un posible contagio en urgencias es antes que nada responsabilidad de sus empleadores.
Para frenar la expansión de la enfermedad, el gobierno decretó la emergencia sanitaria y un confinamiento nacional que regirá en principio hasta el 27 de abril. Además de una batería de medidas económicas por 15.000 millones de dólares que contemplan créditos, subsidios y recursos al sistema de salud, entre otros.
