Rabat, 12 sep (EFE).- Una ley histórica contra la violencia machista entra en vigor este miércoles en Marruecos, y entre sus principales novedades está la penalización del acoso sexual callejero, aunque las ONG feministas del país ya critican el nuevo texto por no ir acompañado de mecanismos para su aplicación.
El acoso callejero o en los lugares del trabajo ha sido hasta hace poco un fenómeno callado en la sociedad marroquí por varias razones, entre ellas el miedo de las víctimas a ser estigmatizadas o a perder su trabajo, o la incompresión social hacia ellas, culpadas a veces de ser responsables del acoso debido a su manera de vestirse o comportarse.
La presidenta de la combativa Asociación Democrática de las Mujeres de Marruecos (ADFM, por sus siglas en francés), Saida Idrissi, cree que algo está cambiando en los últimos años: "Las mujeres ahora rechazan el acoso, una plaga que está cobrando en la actualidad una mayor mediatización y está más denunciada en las redes sociales", apuntó Idrissi.
La nueva ley 103-13 establece penas de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 10.000 dirhams (900 euros) a quienes acosen a una mujer "en los espacios públicos u otros mediante actos, dichos o gestos de carácter sexual, o con fines sexuales".
La penalización incluye el acoso "mediante mensajes escritos telefónicos, electrónicos, grabaciones o imágenes de carácter sexual, o con fines sexuales".
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En Marruecos, como en los demás países árabes, los casos de acoso sexual contra las mujeres se han vuelto más visibles. En algunos lugares, como Túnez, se han endurecido las penas contra esta lacra; en otros, como en Egipto, se han usado argumentos religiosos para deslegitimarlo: así, la prestigiosa institución de Al Azhar emitió a principios de septiembre una fetua que calificó este fenómeno de "pecado" y "un comportamiento desviado".
La nueva normativa marroquí coincide con una sucesión de sonados casos de acosos sexuales como un video publicado en agosto en el que se veía a un grupo de jóvenes intentando rodear a una mujer en plena calle de Tánger; o el caso de la conocida bloguera alemana Susi Cruz que denunció el pasado julio en un vídeo una jornada de acoso durante su viaje al país magrebí.
Cruz -que pensaba hacer un viaje por África en su furgoneta- contó como fue acosada por varias personas en su paso por Chauen (norte) hasta que apareció un hombre que fingió que iba a protegerla pero él mismo terminó acosándola, y robando sus documentos y dinero.
La mala experiencia le llevó a buscar refugio viajando a España desde donde contó su experiencia en un video que se hizo viral y movilizó a las autoridades marroquíes que pocas horas después, con una rapidez inaudita, arrestaron al autor del robo.
Estos casos, junto a otros episodios de violencia sexual que se propagaron como reguero de pólvora, hicieron que se reabra cada vez más el debate sobre la vulnerabilidad del cuerpo de la mujer en el espacio público, desencadenan campañas virtuales de solidaridad y la actuación inmediata de las autoridades para aprehender a los culpables. Todo alentado por el impacto de la campaña del "#MeToo" ("Yo también").
¿Pero cómo probar un caso de acoso callejero? ¿Qué procedimiento deberá seguir la policía, y en qué modalidades se abre una investigación sobre estos casos? ¿Cómo debe actuar el juez?", son algunas preguntas que para las feministas no tienen respuesta con la nueva ley.
