El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, firmó una orden ejecutiva que impondrá una amplia prohibición de fumar en público, reforzando algunas de las ya existentes medidas antitabaco más duras de Asia.
Fumar y vender cigarrillos estará prohibido en todos los lugares públicos cerrados, así como a menos de 100 metros de las escuelas, parques y otras áreas donde haya menores, de acuerdo con una orden publicada el jueves y que entrará en vigor dentro de 60 días.
Duterte, líder famoso por librar una guerra contra las drogas en la que han muerto miles de personas, prometió inmediatamente después de convertirse en presidente el año pasado introducir una ley antitabaco como parte de una serie de medidas para imponer un mayor orden en la sociedad.
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Otras medias incluyeron la prohibición de cantar karaoke por la noche y un toque de queda a las 2h00 de la mañana para el consumo de alcohol en público, aunque aún no se implementaron.
Filipinas ya cuenta con una ley que prohíbe la publicidad de tabaco y fumar en el interior de los lugares públicos, así como una ley que requiere imágenes explícitas en los paquetes de cigarrillos sobre los riesgos del tabaco para la salud. También hay fuertes impuestos sobre el tabaco.
Activistas elevan hasta 12.000 muertes en guerra "antidrogas" de Filipinas
La operación contra el narcotráfico puesta en marcha hace diez meses por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, se ha cobrado la vida de entre 8.000 y 12.000 supuestos drogadictos y traficantes, afirmaron hoy varias ONG tras el informe que presentó el país insular sobre su situación de derechos humanos.
"La vida humana se ha vuelto barata en Filipinas", lamentó Budit Carlos, de la Alianza para los Defensores de Derechos Humanos de Filipinas, que acusó en una conferencia a Manila de promover la "erradicación" de una parte de la sociedad y señaló a las fuerzas policiales como responsables de dos tercios de los homicidios.
Además, según este activista, en dicha operación se han cometido con total impunidad ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos de vecinos o "vigilantes", en una ola de violencia que ha causado, aseguró, entre 8.000 y 12.000 muertos, 6.000 viudos y viudas, 18.000 niños huérfanos y 12.000 padres que han perdido a sus hijos.
El Gobierno filipino reiteró hoy ante el Consejo de Derechos Humanos que la campaña contra las drogas ilegales pretende evitar que el país se convierta en un "narcoestado".
