El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún, así como otros dirigentes actuales y anteriores de ese organismo son investigados por supuesto desvío y reventa de boletos de partidos de la selección de Colombia en las eliminatorias sudamericanas para el pasado Mundial, informaron el lunes las autoridades.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió la pesquisa por el supuesto desvío y reventa de boletos de ocho de los nueve partidos disputados por Colombia en casa durante las eliminatorias.
El superintendente de la SIC Pablo Felipe Robledo anunció la apertura de pliego de cargos por la presunta "venta masiva, ficticia y fraudulenta de boletos". Los cargos apuntan a Jesurún, el expresidente de la Federación Luis Bedoya, el líder de la división aficionada Álvaro González Alzate, el expresidente de la liga profesional Dimayor Jorge Perdomo y otros dirigentes.
Jesurún fue vicepresidente de la CONMEBOL antes de integrarse a distintos comités de la FIFA en 2017.
Bedoya se encuentra en Estados Unidos como testigo protegido en el marco del escándalo de sobornos de la CONMEBOL. Jesurún sustituyó a Bedoya tras su dimisión en 2015.
Por la noche, la Federación emitió un comunicado, en el que afirmó que ha colaborado desde el comienzo con la SIC.
“En el proceso que se está adelantando, la Federación Colombiana de Futbol y los funcionarios de la misma, involucrados en la investigación, demostrarán su correcto proceder, siendo las principales víctimas y denunciantes de este tipo de conductas con las que se ha violado nuestra buena fe y la de todos los colombianos”, indicó el organismo.
La SIC investiga también a Rodrigo Rendón Cano, dueño del equipo Real Cartagena; a su hijo Rodrigo Rendón Ruiz, así como a Ticketshop y a Tu TicketYa.com, organizaciones encargadas de la venta de los boletos.
Rendón Cano habría recibido información privilegiada de la Federación para conseguir socios y recibir la distribución exclusiva de las entradas.
"El desvío masivo de boletería y su posterior reventa solo fue posible gracias a comportamientos atribuidos a la Federación Colombiana de Fútbol… Hubo deliberadas acciones y deliberadas omisiones de la Federación y de sus directivos", sostuvo Robledo en conferencia de prensa.
El número de boletos presuntamente desviados y revendidos ascendió a 42.221 (incluidos 14.000 del partido de Colombia ante Brasil), y el precio fue incrementado incluso en un 350%, según la investigación.
La SIC indicó que presuntamente "hubo confabulación entre la Federación, Ticket Shop y Ticket Ya para adjudicarles el contrato de venta de los boletos para excluir la oferta de la compañía Primera Fila".
La supuesta utilidad obtenida en la reventa habría llegado al equivalente a unos 13.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 4,5 millones de dólares).
Las indagaciones arrancaron en octubre de 2017 antes del partido Colombia-Paraguay celebrado en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla. La SIC dispuso que las entradas fueran vendidas por entidades diferentes a las habituales.
"La Superintendencia de Industria y Comercio ha recaudado valioso y abundante material probatorio (computadores, contratos, cruce de cuentas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, testimonios y declaraciones) en virtud de visitas administrativas de inspección a distintas empresas y personas en Bogotá, Barranquilla y Cartagena, como también en varias ocasiones a las instalaciones de la FCF (Federación) en Bogotá", subrayó Robledo.
Aunque en su comunicado la Federación se dijo víctima en este caso, no dio detalles sobre en qué forma se habría abusado de la confianza de esa organización. Advirtió que no abundará en su postura en tanto no conozca a detalle los cargos.
“Desde la Federación Colombiana de Fútbol, vemos con preocupación que la dinámica relativa a la reventa de boletería no es un fenómeno exclusivo del fútbol, sino que afecta a todas las industrias tanto a nivel nacional como internacional, es por esto que nuestro compromiso ha sido y será hacer frente a esta problemática”, añadió.
El expediente tiene más de 200 páginas. Si al cierre de la investigación se comprueba que se infringieron las normas de la libre competencia económica, la Superintendencia puede imponer fuertes sanciones económicas.
