Un reciente repunte de los asesinatos machistas en España volvió a poner el foco sobre esta «tragedia social» que el país, a menudo visto como modelo en la lucha contra la violencia de género, no logra atajar.
Hace once años, Esther logró sobrevivir en Galicia (noroeste).
«Hubo un montón de cosas por el camino que no supe ver», lamenta esta mujer de 30 años, que declina dar su apellido. «La violencia psicológica (…) la tenemos bastante blanqueada y muy normalizada», deplora.
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Un día, su pareja «intentó tirar[la] por un balcón».
Salvada por una vecina, denunció a su pareja, acompañada por un familiar que le abrió los ojos y le hizo ver las señales que obvió: su creciente aislamiento, las críticas a su forma de vestir, las noches en que fue obligada a dormir en el suelo.
Pero, con todo, se considera «superviviente» y no víctima. «Las víctimas son las que ya no están aquí para contarlo», señala.
En diciembre, once mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en España, según cifras oficiales. El mes más mortífero desde 2008. En enero, fueron siete los feminicidios.
Una «tragedia social», en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Esto no es un tema privado, como se entendía antiguamente», subrayó a finales de diciembre.
Ocho años para denunciar
En una oficina anónima de paredes moradas, una docena de operadoras atienden llamadas por posible violencia de género.
«016, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Vale, tranquila. ¿Está aquí al lado con usted ahora mismo?»
En servicio desde hace 15 años, el número superó las 102.000 llamadas en 2022, un récord.
El 016 «es el primer paso para salir de una situación de violencia (…) No se trata de convencer a nadie, pero de explicarle lo que se ofrece, informarle sobre las posibilidades que tiene porque las consecuencias (…) las enfrenta ella», explica su coordinadora general, Susana Gálvez.
Pese a la voluntad de las autoridades en este país que desde hace veinte años prioriza la lucha contra la violencia de género, las víctimas tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar, y entre 12 a 20 años en el ámbito rural, según Teresa Peramato, fiscal general a cargo de la violencia contra la mujer.
«Muchas veces ellas son las primeras que no detectan que están sufriendo violencia. Han normalizado la violencia», «tienen miedo a las represalias» o tienen «dependencias económicas» con su maltratador, resume Peramato.
Al igual que Esther, Noelia Míguez «negaba todo».
En 2015, su exnovio intentó estrangularla antes de apuñalarla ocho veces. Hoy, con 29 años, dice que sobrevivió solo porque se hizo la muerta. Ahora recuerda «las primeras humillaciones, los primeros insultos», las «amenazas», los «escupitajos».
«¿Hemos fallado en España?»
Más allá de la toma de conciencia de la víctima, Teresa Peramato dice que desde el aparato judicial hay que preguntarse «si hemos fallado».
En casi la mitad (43%) de los asesinatos machistas registrados en 2022, las víctimas ya habían presentado denuncia o el victimario poseía antecedentes.
Noelia Míguez, por ejemplo, supo al ir a declarar que su agresor había sido enjuiciado previamente y que tenía orden de alejamiento de una anterior pareja.
El gobierno anunció el jueves que la policía podrá prevenir a las mujeres que denuncien a sus parejas si estas tienen antecedentes de violencia de género.
Sin embargo, esa notificación no será «sistemática, sino que dependerá de la evaluación del caso por parte de la policía».
Eso «podría salvar a muchas mujeres», a juicio de Esther.
«¿Cuántos han sido ya maltratadores, tienen sentencias o ya han estado en la cárcel y después vuelvan a tener otra relación? (…) Hasta que te das cuenta de que esa persona es peligrosa para ti, pueden pasar muchas cosas», estima.
La fiscal Peramato dice que hay que preguntarse «cómo tenemos que mejorar» la prevención.
La plataforma VioGèn de España, que se alimenta de denuncias y permite evaluar cuándo hay que intervenir, ha sido blanco de críticas.
Sus deficiencias quedaron evidenciadas en el asesinato de Hayat en enero en Canarias. La mujer de 46 años había denunciado a su expareja a finales de diciembre, pero se retractó. El nivel de riesgo fue degradado en la plataforma, según medios locales. Al día siguiente, la mataron.
Hay que «incidir en la sensibilización social» para «combatir la minimización del riesgo», pide la ONG Fundación Mujeres, referencia de la lucha contra la violencia de género.
«Solamente entre un 1 y un 3% de las denuncias provienen de familiares y personas del entorno próximo de las víctimas», ejemplifica Teresa Peramato.
Joshua Alonso perdió a su madre en 2017, en un incendio provocado por su expareja. Desde entonces, se ha dedicado a «trabajar con la población infanto-juvenil» en talleres en los que busca hacer ver el machismo instalado «en nuestras vidas».
Alonso dice que si España es «un referente» y «llevamos desde que se hacen estadísticas más de 1.000 mujeres asesinadas, no me quiero imaginar el resto del mundo«.