Como parte de la eliminación gradual del confinamiento, el Gobierno español aprobó este martes un plan especial de higiene y prevención que obliga al uso de la mascarilla en los medios de transporte y lugares públicos, abiertos o cerrados, como medida de protección contra la COVID-19.
En conferencia de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que la disposición regirá desde que termine el estado de alarma, el próximo 21 de junio, hasta que se obtenga una vacuna eficaz contra el coronavirus, por lo que es necesario mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre personas.
El incumplimiento de esta medida podrá ser sancionado con una multa de hasta 100 euros (113 dólares). Las normas aprobadas estarán vigentes en la etapa de “nueva normalidad”, un escenario de crisis sanitaria con mayor control de la COVID-19 y esfuerzos dirigidos a prevenir rebrotes, para que el país recupere gradualmente su actividad económica.
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El Ejecutivo hizo hincapié en las residencias de ancianos, pues registraron una alta cifra de casos y decesos durante la pandemia. Estos centros deberán tener preparados planes de contingencia para posibles rebrotes y coordinarse con las instituciones de salud.
En cuanto a los medios de transporte con asiento preasignado, los operadores deberán conservar los registros de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas, con lo cual facilitarían las pesquisas si ocurriera algún caso positivo.
Entre otras medidas, se supo, además, que la dinámica de los centros de trabajo se reorganizará para evitar aglomeraciones, al igual que en los establecimientos comerciales y otras instalaciones.
El decreto aprobado este martes deberá ser convalidado por el Congreso. Durante la sesión del Ejecutivo para aprobar este plan, el gabinete en pleno guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas por la COVID-19.
