Madrid, 18 nov (EFE).- Cuatro de los cinco miembros de "La Manada", condenados a 15 años de cárcel por la polémica agresión sexual a una joven en España en 2016, en un caso que dio la vuelta al mundo, son juzgados desde este lunes por otro presunto caso de abuso sexual a una joven.
La Fiscalía española pide para los presuntos acusados siete años de prisión por los delitos de abuso sexual y contra la intimidad, ya que también grabaron los supuestos abusos por teléfono y los difundieron por una red social.
El informe judicial relata que, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero conocieron a la víctima, de 21 años, en las fiestas de una localidad de la región de Andalucía (sur).
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Los hechos
Este caso ocurrió supuestamente en mayo de 2016, solo dos meses antes de la agresión en las fiestas de San Fermín de Pamplona que llevó por todo el mundo las protestas en España contra la violencia sexual.
Tras haber bebido, la joven pidió al grupo que la llevara en automóvil hasta la localidad donde residía. Al entrar en el vehículo, cayó en un estado de semiinconsciencia.
Los acusados practicaron tocamientos a la víctima y grabaron esas acciones con sus teléfonos móviles, que posteriormente compartieron en dos grupos de la red social Whatsapp.
Además, uno de ellos golpeó presuntamente a la víctima después de que ella se negase a practicarle sexo oral.
Durante la primera sesión del juicio, celebrada hoy, los cuatro acusados se negaron a declarar y su abogado pidió la retirada de la única prueba del caso, el vídeo grabado y compartido, al considerar que no es lícita por haberse conseguido a través de otro proceso judicial.
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Los cinco miembros de "La Manada" fueron condenados en junio pasado por el Tribunal Supremo español a 15 años de cárcel por agresión sexual a una joven en las famosas fiestas de Sanfermín, en Pamplona, al entender que sí hubo violación e intimidación por parte de los autores.
El caso generó una gran polémica en España y se convirtió en un emblema de la lucha feminista tras las multitudinarias protestas en las calles.
Esas protestas se intensificaron tras la primera sentencia de 2018, que no establecía el delito de agresión sexual (violación), por lo que impuso a los condenados penas de nueve años.
