Londres, Reino Unido | AFP | El primer ministro británico, Boris Johnson, desafió este miércoles a la oposición a lanzar una moción de censura contra su gobierno después de que la justicia declarase "ilegal" su decisión de suspender las labores del parlamento hasta los días previos al Brexit.
Cerrado el 10 de septiembre por decisión de Johnson, el parlamento -que no debía volver al trabajo hasta el 14 de octubre- reanudó sus labores después de que el martes la Corte Suprema anulase la medida tomada por el controvertido primer ministro.
Y lo hizo pidiendo explicaciones al ejecutivo.
"¡Dimita, dimita!", gritaron muchos diputados a Johnson cuando compareció a última hora de la tarde, tras regresar urgentemente desde Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU.
Pero en su lugar, el jefe de gobierno conservador los desafío a expulsarlo del poder.
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El Partido Laborista y las formaciones menores "tienen hasta que la cámara termine la sesión de hoy para presentar una moción de censura y podemos tener esa votación mañana", lanzó.
"¿Tendrán el valor de actuar o se negarán a asumir responsabilidades y no harán nada más que titubear y demorar? ¿Por qué no lo harían? ¿De qué tienen miedo?", fustigó.
Johnson quiere convocar elecciones legislativas anticipadas desde que perdió la mayoría absoluta a raíz de la rebelión de 21 de sus diputados conservadores.
Sin embargo, para adelantar los comicios, normalmente previstos en 2022, necesita el apoyo de dos tercios de los diputados y, desconfiando de sus intenciones, la oposición se niega a dárselo hasta que esté totalmente descartada la posibilidad de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre.
Volver a aplazar el Brexit
"Dice que quiere elecciones generales, yo quiero elecciones generales", le lanzó el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.
"Es muy sencillo, si quiere comicios consiga un aplazamiento" de la fecha de salida de la Unión Europea, agregó.
Antes de la suspensión, el parlamento aprobó una ley que obliga al primer ministro a pedir a Bruselas un nuevo retraso del Brexit si tras la cumbre europea del 17 y 18 de octubre no ha logrado un nuevo acuerdo de divorcio o la luz verde de los diputados para un Brexit sin acuerdo de caóticas consecuencias.
Esto último es muy improbable. A menos que antes se celebren elecciones y Johnson, que según los sondeos gana popularidad entre los electores, consiga una clara mayoría absoluta.
El primer ministro afirma haber intensificado las negociaciones con la UE en busca de un acuerdo, pero los líderes europeos aseguran que el Reino Unido no ha presentado ninguna propuesta creíble y se declaran pesimistas.
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Los británicos decidieron abandonar la Unión Europea por 52% de votos en el referéndum de 2016. Pero ante el reiterado rechazo del parlamento al Tratado de Retirada negociado por la anterior primera ministra, Theresa May, la fecha de salida, inicialmente prevista para marzo de 2019, fue aplazada dos veces.
Pese a la nueva legislación, Johnson asegura que no pedirá una tercera prórroga y que si no logra un acuerdo sacará al país brutalmente del bloque, lo que según un informe gubernamental puede provocar escasez de alimentos frescos y medicinas, e incluso violentos disturbios.
El gobierno "próximamente presentará ante la cámara" una tercera moción para convocar elecciones anticipadas, anunció por la mañana el fiscal general, Geoffrey Cox, pese a que las dos anteriores fueron rechazadas.
"Ilegal, nula y sin efecto"
El martes, asestando a Johnson un golpe implacable que se suma a los múltiples reveses políticos sufridos en las últimas semanas, 11 jueces de la Corte Suprema dictaminaron por unanimidad que su decisión de suspender las labores del parlamento durante cinco semanas fue "ilegal", "nula y sin efecto".
El gobierno había justificado el receso por la necesidad de preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual pero que suele prolongarse sólo una semana. Sus opositores lo acusaron de intentar maniatarlos ante la amenaza de un Brexit sin acuerdo.
Y la justicia les dio la razón: "tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable".
