La policía de España ha informado este miércoles de la captura de una banda delincuencial dedicada a la trata de personas. La organización se dedicaba al contrabando de mujeres nicaragüenses que eran obligadas a cuidar a personas mayores.
Mujeres jóvenes y sin educación
Mujeres nicaragüenses pobres, jóvenes y sin estudios, la mayoría con hijos a cargo. Un día se les acerca alguien que les promete un trabajo en España. Aceptan y, una vez en su nuevo destino, descubren el engaño. Un total de 50 mujeres trabajaban en el cuidado de los ancianos, enfermos graves o dependientes, en condiciones de "esclavitud". Durante el operativo siete personas han sido detenidas. Habían ganado más de 750.000 euros a costa de someter a sus víctimas, muchas de las cuales trabajaban como internas y que estaban atemorizadas.
Los agentes detuvieron el pasado 28 de julio a siete personas, cuatro mujeres y tres varones, pertenecientes a la misma familia. Todos proceden de Nicaragua y tienen de 19 a 41 años. Solo dos residían en España de forma legal. Las cabecillas de la trama eran dos hermanas. Comenzaron a actuar en 2016, según un comunicado de la Guardia Civil. Actuaban de forma estructurada, organizada y jerarquizada. Sus bases de operaciones estaban establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca. En las tres localidades disponían de viviendas.
Modus operandi
La red captaba a las mujeres gracias a la colaboración de familiares directos que viven en Nicaragua. Ellos tenían la tarea de identificar a posibles víctimas. Les prometían un trabajo bien pagado en España. Si aceptaban, les compraban un billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para justificar su estancia inicial. Llegaban con un visado de turista que las habilita para permanecer en el país durante 90 días. Una vez en su nuevo destino, les quitaban el pasaporte y el dinero que les habían dado y les comunicaban que tenían una deuda de 6.000 euros que debían saldar en un corto espacio de tiempo.
Pero esta cantidad no paraba de aumentar durante su estancia. Cuando las mujeres descansaban o se quedaban sin trabajo, la red las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos, les prestaban dinero a un interés del 20%, lo que hacía que la deuda llegara a cifras astronómicas difíciles de saldar y las ataba aún más a la organización. La explotación era tal, que las cabecillas de la red solicitaban comida y ropa a organizaciones benéficas que ellas a su vez vendían a precios abusivos a las víctimas. Llegaron a exigir entre 20 y 30 euros por un comprimido de paracetamol.
La jefa de la red usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en portales de Internet y en redes sociales buscando trabajo como cuidadoras. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas. La mayoría trabajaba como internas. A final de mes, los empleadores les pagaban en negro y estas entregaban a la organización el 85% del sueldo como pago por la deuda que habían contraído y se quedaban el resto para tratar de subsistir en España.
El grupo sometía a las víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos. usaban "prácticas mafiosas", según fuentes de la Guardia Civil. Ellas, atemorizadas por la posibilidad de que hicieran daño a sus familias en Nicaragua, guardaban silencio.
Hasta que a los agentes les llegó un aviso el pasado mayo en Alfaro. Entonces comenzaron la investigación que derivó en las detenciones. El primer arresto fue el de una de las cabecillas de la organización, en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas, cuando intentaba introducir en España a tres nuevas víctimas. El resto de las detenciones se llevaron a cabo de forma simultánea en La Rioja y en Huesca. En ambas provincias se practicaron cuatro registros domiciliarios. A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, con la colaboración de sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.
