Iglesia defiende a obispo que daba cursos para 'curar' homosexualidad

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Foto: El Sol Latino Newspaper

La Iglesia católica de España defendió este viernes a un obispo, cuya diócesis en Alcalá de Henares está siendo investigada después de que un diario reportara que allí se dan cursos para 'curar' la homosexualidad.

El gobierno de la región de Madrid (España) indicó el martes que está investigando si la diócesis de Alcalá había infringido la legislación contra la homofobia.

El anuncio se produjo después de que eldiario.es señalara que en un cursillo dispensado por la diócesis, se aconsejó masturbarse menos y mirar menos pornografía a un periodista que se hizo pasar por un gay deseoso de cambiar su tendencia. 

La publicación digital afirmó que la diócesis alcalareña ha estado ofreciendo esos cursos desde 2009, cuando Juan Antonio Reig Pla, conocido por sus opiniones contrarias a la homosexualidad, se convirtió en el obispo de la ciudad natal de Miguel de Cervantes.

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El martes, un puñado de manifestantes, algunos con la bandera multicolor, protestaron contra el obispo dentro de la catedral de Alcalá de Henares, justo antes de la misa.

Le gritaron "fuera de Alcalá" y "el amor no tiene cura, el odio sí", antes de que la policía llegara y les ordenara salir del templo. 

En un comunicado en su web, la diócesis de Alcalá de Henares, en España, indicó que el eldiario.es brindó "desinformación".

Interrogado sobre la controversia este viernes, Luis Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid y portavoz de la Conferencia Episcopal de España, manifestó su "apoyo y afecto" al obispo de Alcalá, y rechazó "la irrupción de un grupo de personas vociferantes en un templo donde se estaba celebrando la liturgia".

Argüello reiteró que "la homosexualidad no se cura", si bien la Iglesia no renuncia a ayudar a "personas que quieran vivir un acompañamiento en su orientación sexual" si la vive con "malestar".

La promoción o realización de este tipo de "terapias" están prohibidas en la región de Madrid, más allá del consentimiento o no de la persona. Incluso se prevén multas de hasta 45.000 euros.

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