El papa francisco aceptó la renuncia del máximo representante de la iglesia católica en Chile, luego de ser solicitado por la justicia de ese país por no haber denunciado abusos sexuales cometidos por tres sacerdotes.
La Santa Sede ha realizado el anuncio este sábado en un comunicado, aunque sin dar más detalles, informo El Pais.
Ocupará su puesto como administrador "en sede vacante" monseñor Celestino Años Braco, español y hasta ahora obispo de la ciudad de Copiapó (norte). Los obispos deben presentar su renuncia al papa al cumplir 75 años de edad, pero la salida de Ezzati, de 77, coincide con una investigación en su contra por encubrir presuntamente casos de abusos sexuales a menores. La justicia chilena rechazó el viernes la petición de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa del arzobispo.
La Fiscalía de Chile investiga la participación de Ezzati en los hechos imputados al excanciller del arzobispado capitalino Oscar Muñoz, acusado por violación y abusos, y del sacerdote Jorge Laplagne, denunciado por hechos del 2002. Asimismo, está imputado por el presunto encubrimiento del cura Tito Rivera, acusado de un abuso en la catedral de Santiago en 2015.
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Mientras Ezzati afronta este proceso, el papa Francisco ha puesto al frente de la archidiócesis de la capital chilena a Años Braco (Artaiz, Pamplona, 1945). Este realizó sus estudios filosóficos en Zaragoza y los teológicos en Pamplona, se licenció en Psicología en la Universidad de Barcelona y entró como franciscano capuchino en 1964. Fue ordenado sacerdote en Pamplona en 1968 y desempeñó cargos como ecónomo provincial de los capuchinos de Chile, promotor de justicia (fiscal) del tribunal eclesiástico de Valparaiso y tesorero de la Asociación chilena de Derecho Canónico. En 2014 fue nombrado obispo de Copiapó.
La Conferencia Episcopal de Chile publicó en agosto pasado una lista con los nombres de 42 sacerdotes y un diácono condenados por la Justicia civil o la canónica por abusos sexuales a menores. La Fiscalía chilena investiga 148 casos de presuntos abusos sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica, mientras que el número de víctimas asciende a 255, según informó el pasado enero el fiscal nacional.
