La de este sábado va a ser la decimonovena jornada de manifestaciones de chalecos amarillos en Francia, pero no será una protesta más. Tras la violencia desatada el fin de semana pasado, marcado por nuevos saqueos e incendios en París, el Gobierno ha reforzado las medidas para frenar una situación que ha admitido no consigue controlar. Además de la inédita prohibición de manifestarse en zonas como la avenida de los Campos Elíseos de la capital y de aumentar las multas para quienes no respeten las consignas, el ejecutivo de Emmanuel Macron ha anunciado el despliegue de militares en algunos puntos, una decisión muy cuestionada por la oposición pero defendida firmemente por el presidente. Hay mucho en juego, sobre todo para el ministro del Interior, Christophe Castaner. La violencia del último sábado le costó el puesto al prefecto de policía de París y a otros altos cargos policiales. Pero muchos reclaman la dimisión de Castaner y una nueva jornada de disturbios podría propiciarla.
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“Impunidad cero”. Esa es la consigna que Castaner le ha dado a su nuevo prefecto de policía, Didier Lallement, cuya mano “no deberá temblar” a la hora de hacer valer la ley, agregó el policía número uno del país, como se conoce en Francia al ministro del Interior, al instaurar esta semana en su puesto al nuevo alto responsable de las fuerzas de seguridad. Pese a estas declaraciones de “firmeza”, la gran mayoría de los franceses, el 76%, no cree que el ministro será capaz de restaurar el orden público en las protestas de los chalecos amarillos, según una encuesta de Odoxa publicada por Le Figaro y FranceInfo el viernes. No es el único en el que desconfían los ciudadanos. El 70% de los consultados tampoco cree que Macron pueda restablecer la paz, ni tampoco su primer ministro, Édouard Philippe (67%).
Pero la paciencia de los franceses también empieza a acabarse con los chalecos amarillos. De acuerdo con la encuesta, el 58% de los ciudadanos considera que la violencia ha desacreditado ampliamente el movimiento, mientras que el 55% desea que acaben ya con las protestas. “Este movimiento, tan largamente apoyado y popular hasta comienzos de año, está empezando a enfrentarse a la opinión pública y, además, está decayendo en términos de participación”, dijo el presidente de Odoxa, Gaël Sliman, a Le Figaro.
El problema —tanto para las autoridades como para los propios chalecos amarillos que rechazan la violencia— es que la participación no es el problema. El sábado pasado se manifestaron en toda Francia unas 30.000 personas —de ellas, unas 10.000 en París—, una cifra muy alejada de las primeras convocatorias, en noviembre. Aun así, los saqueos y escenas de violencia protagonizadas por algunos chalecos y otros encapuchados de negro fueron las más graves desde los destrozos del 1 de diciembre, cuando fue vandalizado el Arco de Triunfo.
Batería de medidas
Para evitar nuevos disturbios, el Gobierno ha previsto una batería de medidas. Para empezar, se han prohibido manifestaciones en algunos de los puntos más conflictivos. En París se trata, tal como adelantó Philippe a comienzos de semana, de los Campos Elíseos y, también, en un perímetro alrededor del palacio presidencial y de la Asamblea Nacional, según la prefectura de Policía, que también ha prohibido la circulación de vehículos en los alrededores del Elíseo y el porte de armas, reales o falsas, así como de cualquier objeto que pueda ser utilizado como tal. Los chalecos amarillos tampoco podrán manifestarse en la plaza del Capitolio en Toulouse o en la Pey-Berland de Burdeos. El perímetro de las protestas también ha sido limitado en ciudades como Niza o Marsella.
La presencia policial será robusta un sábado más. Solo en París, se desplegarán 4.700 policías, según la prensa francesa. Recibirán además el apoyo de soldados de la Operación Centinela, el dispositivo de vigilancia militar lanzado tras los atentados de 2015. Una decisión que, aunque no es inédita, ha generado malestar en parte de la oposición. Tanto el Ministerio del Interior como el de Defensa han subrayado que los militares en ningún caso se ocuparán de misiones de mantenimiento del orden ni estarán tampoco en contacto con los manifestantes. Su despliegue se realizará en “lugares precisos” como edificios o estaciones alejados de las zonas de manifestación. La seguridad de edificios como el palacio presidencial —que lleva días con una vigilancia mayor y rodeado de vallas— o la Asamblea Nacional estará por el contrario a cargo de las fuerzas del orden.
