Un total de 11 obispos españoles, jefes en sus diócesis, han ocultado durante los últimos 40 años casos de pederastia de los que tuvieron constancia, impidiendo con ello que se conocieran públicamente dichos hechos. La lista se eleva a 17 con otros acusados de silenciarlos de algún modo. El encubrimiento se hizo por varias vías: mantener al supuesto abusador en su destino sin investigar los hechos, trasladarlo de parroquia ante las primeras quejas e incluso enviarlo a otro país.
A través de sentencias canónicas, documentos inéditos o confesiones de varias diócesis, el medio El País ha acreditado que al menos 11 obispos, algunos ya fallecidos, evitaron investigar las denuncias de abusos que habían conocido en ocho casos y los encubrieron: Teodoro Úbeda (que fue obispo de Mallorca), Jesús Sanz (Oviedo), Antonio Briva (antiguo obispo de Astorga), José María Cases (lo fue de Segorbe-Castellón), Mauro Rubio (antiguo responsable de Salamanca), Braulio Rodríguez (Toledo), Carlos López (Salamanca), Ricard Maria Carles (fue obispo de Barcelona), el cardenal Lluís Martínez i Sistach (emérito de Barcelona), Juan José Omella (Barcelona), también purpurado, y Julián López (León). Otros seis prelados han contribuido también a silenciar estos casos o están acusados de ocultarlos: el cardenal Carlos Osoro (Madrid), el también purpurado Antonio María Rouco (emérito de Madrid), Juan Antonio Menéndez (Astorga), Alfonso Milián (emérito de Barbastro), Atilano Rodríguez (Sigüenza-Guadalajara) y Raúl Berzosa (emérito de Ciudad Rodrigo).
La norma canónica, recogida en una orden papal de Juan Pablo II en 2001, obliga a los obispos a comunicar al Vaticano todos los casos de los que tenga conocimiento. "Cada vez que el ordinario o el jerarca reciba una noticia a menos verosímil de un delito más grave hecha la investigación previa, preséntela a la Congregación para la Doctrina de la Fe", aparece en la norma. No obstante, desde la publicación del nuevo código pío benedictino en 1917 ya aparecía tipificado el delito de pedofilia en la ley eclesial (canon 2359 sección segunda) y en el que se obligaba a suspender de sus funciones al culpable. Posteriormente, con la redacción de la instrucción Crimen Sollicitationis por Pío XI en 1922 se introducen las penas para abusos de menores. Esta ley fue renovada en 1962 por Juan XXIII y enviada a todos los obispos del mundo. En ella, aparece la obligación de denunciar el delito en el plazo de un mes, bajo pena de excomunión. Una vez realizada la denuncia, el denunciante era advertido de guardar confidencialidad también bajo pena de excomunión.
Tras la cumbre del Vaticano sobre pederastia, las víctimas continúan reclamando medidas concretas para frenar los abusos y que se investigue el pasado, para que los encubridores y los abusadores que no han salido a la luz sean juzgados. En países como Francia, la justicia ha sentado en el banquillo a altos cargos de la Iglesia por encubrir casos. Este mes, el cardenal galo Philippe Barbarin ha sido condenado a seis meses de cárcel (exentos de cumplimiento) por silenciar en 2014 un delito de pederastia cuando era obispo de Lyon. Hace una semana anunció que presentaría su dimisión al papa Francisco.
Caso Can Picafort (Mallorca)
En los hechos probados de la única sentencia canónica publicada en los medios, Teodoro Úbeda, obispo de Mallorca desde 1972 hasta 2003, aparece como conocedor de una denuncia civil de abusos por el Pere Barceló a una niña a finales de los noventa. El catequista Mateu Ferrer que presenció los hechos y otro sacerdote trasladaron lo sucedido a dos responsables de la diócesis. Ferrer también denunció los hechos ante la justicia civil e intentó contactar con el obispo a través del vicario episcopal de la diócesis para saber "si colaborarían" en el proceso. "Haz lo que quieras. En todo caso, ganaremos nosotros", dice Ferrer que le contestó el responsable cuando le confesó que ya había denunciado a los tribunales. El caso fue archivado. Años después una víctima denunció a Barceló en la diócesis, y en 2013 se inició un proceso canónico. Los dos vicarios a los que le comunicaron los delitos confiesan en sus declaraciones que informaron a Úbeda de varias notificaciones que habían recibido de la fiscalía de menores y de particulares, pero que desconoces si el obispo hizo algo. Los jueces eclesiásticos que instruyeron el caso en 2013 argumentan: “Con el paso del tiempo, se ha han dejado de encubrir a estas personas, que por el cargo que ejercían ante a sociedad adornadas de una honradez fuera de toda duda. Se miraba, con frecuencia para otro lado, disminuyendo los hechos que aparecían”.
Caso archidiócesis de Oviedo
El caso más reciente es el del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. En 2015 una víctima acudió para pedirle ayuda sobre los abusos que había sufrido por parte del sacerdote Eustasio Sánchez Fonseca de 1984 a 1996. Ese mismo sacerdote fue denunciado por la familia de la víctima en los noventa por abusar también de su hermana pequeña, pero la madre dice que, por miedo, mintió en las diligencias. El caso se archivó. La víctima asegura que Sanz le argumentó a V. C. que era la palabra del sacerdote contra la de ella. No lo apartó, no abrió un proceso canónico ni informó a la Congregación para la Doctrina de Fe, según afirmó hace cuatro meses la archidiócesis de Oviedo. Tampoco lo hizo, según la versión de las afectadas, el cardenal, vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid Carlos Osoro en 2002, cuando ejercía como arzobispo en Oviedo, en el momento en que la madre de las dos supuestas víctimas se reunió con él para pedirle que apartase a Sánchez Fonseca. El cardenal de Madrid asevera que no recuerda nada. "Después de denunciar mi caso en la justicia y en los medios, nadie de la Iglesia me ha llamado", comenta la afectada.
Caso de La Bañeza (León)
Otros episodios fueron denunciados ante los responsables cuando los hechos sucedieron, pero se encubrieron. Javier, su hermano y otro niño más pidieron ayuda al director del seminario de La Bañeza, Gregorio Rodríguez (fallecido) y luego al tutor de sexto curso, Francisco Javier Redondo (hoy vicario de Ponferrada) porque el sacerdote José Manuel Ramos Gordón abusaba de ellos. El cura siguió en el colegio y las agresiones continuaron hasta que abandonaron el centro en 1989. Un curso de abusos. Unos quince años después, Javier escribió al Papa y el caso se reabrió. La investigación concretó que el obispo de entonces Antonio Briva fue informado de los hechos. El actual obispo de Astorga y actual presidente de la comisión antipederastia de la CEE, Juan Antonio Menéndez, insinuó en una reunión con antiguos seminaristas en 2017 que el obispado, en su día, tomó medidas y trasladó al cura a la parroquia de Tábara (Zamora) en 1990. Menéndez, que puso la pena de Ramos Gordón durante el proceso, silenció la condena a la opinión pública y permitió que el sacerdote oficiase tres misas y los feligreses de Tábara le hicieran un homenaje. Desde entonces, Javier ha pedido en los medios que el Vaticano reabra su caso para que se castigue a los sacerdotes que encubrieron su caso y aún siguen vivos.
Caso de Manuel Villar (Castellón)
El antiguo obispo de Castellón José Maria Cases (fallecido en 2002) también fue informado de que el cura Antonio Gil Gargallo de Artana abusó de Manuel Vilar en 1982, por entonces con 12 años. Varias personas de la diócesis, entre ellas el obispo, entrevistaron a Vilar. El sacerdote fue trasladado a su localidad natal. La diócesis asegura que “no tiene en su archivo documentación sobre el caso”, que la decisión del traslado “corresponde a una pena canónica” y que “la debió tomar el obispo y comunicarla de forma verbal”. El obispado añade que, “según los hechos, el traslado incluyó una severa amonestación verbal del obispo de no regresar a Artana”.
Caso de la diócesis de Salamanca
En el caso de Javier Paz y otras dos víctimas del cura Isidro López en los ochenta y los noventa en Salamanca, los obispos de esta ciudad Mauro Rubio (de 1964 a 1995) y Braulio Rodríguez (de 1995 a 2002, luego arzobispo de Valladolid y actual arzobispo de Toledo) ignoraron las denuncias que les habían llegado durante sus mandatos contra este sacerdote. Así consta en la sentencia canónica de 2014 a la que tuvo acceso este medio (EL PAIS) , mediante una grabación de su lectura a las víctimas, pues no se les dio copia. La causa fue instruida por el obispo actual de Salamanca, Carlos López, entre 2011 y 2014, pero durante el proceso canónico no apartó al abusador, pese a que había confesado, y siguió oficiando en una parroquia y en contacto con menores. Paz se sintió maltratado durante los tres años que duró el proceso y en 2014 hizo público su caso en los medios. Pero hay un cuarto obispo que supo de este caso, según denuncia Javier Paz. Asegura que en 2010 acudió a pedir ayuda junto con su madre a un viejo amigo de la familia, el obispo de Barbastro, Alfonso Milián. “Solo me dijo que tenía que perdonarme a mí mismo, olvidar y seguir adelante”, recuerda la víctima. Milián, contactado por este periódico, dice que no recuerda esa conversación.
Los últimos tres obispos de Salamanca, además, encubrieron el caso de abusos de Francisco Carreras, un sacerdote expulsado de la diócesis de Miami en 1981 por varias denuncias de pederastia. Rubio lo acogió a pesar de la advertencia expresa de la diócesis estadounidense y, del mismo modo que hicieron sus sucesores en el cargo, lo trasladó por varias parroquias. Al menos cinco personas de la provincia de Salamanca han asegurado que sufrieron abusos de Carreras, dos en Sequeros y tres en Calzada de Valdunciel. Carreras llegó a oficiar como párroco en 12 localidades desde su llegada de Miami hasta 2004 y también fue profesor en dos colegios públicos y uno religioso. En la actualidad reside en un santuario de la provincia y no se le ha abierto ningún proceso canónico. Ni Braulio Rodriguez ni Carlos López han querido hablar con este diario para contar su versión de los hechos. Mauro Rubio ha fallecido. La diócesis no ha dado ni una sola explicación del caso de Carreras.
Caso de archidiócesis de Barcelona
A los movimientos de parroquias se le sumaban los traslados al extranjero. Un ejemplo claro fue el caso del sacerdote Jordi Senabre, imputado por abusar de un niño de 12 años en 1988 en Polinyà (Barcelona). Antes de que se celebrase el juicio, el cardenal y arzobispo de Barcelona Ricard Maria Carles firmó en 1990 el traslado a Ecuador de Senabre como misionero. Llegó a ser detenido en 1994 en Uruguay por una orden de captura de la justicia española, pero la extradición no prosperó. En el momento de la huida el cardenal Lluís Martínez i Sistach era obispo auxiliar (posteriormente fue obispo de Tortosa y arzobispo de Tarragona) y cuando Carles dejó el cargo le sustituyó como prelado de la ciudad condal en 2004. En su cargo, continuó encubriendo la fuga del acusado. Se desconocía su paradero, y los detalles de su fuga, hasta que fue localizado en una parroquia de Ecuador. El actual arzobispo, Juan José Omella, tampoco ha abierto a investigación contra Senabre, ni le ha pedido que regrese a la diócesis, ni ha tomado medidas.
Caso diócesis Ciudad Rodrigo
En otros casos judicializados por un tribunal civil con sentencias condenatorias, los obispos no abrieron una investigación canónica y mantuvieron al sacerdote pederasta en sus destinos. Es el caso del actual obispo de León, Julián López, que en 1998, cuando era obispo de Ciudad Rodrigo no le impuso una pena canónica y ocultó, sin hacerlo público a los fieles, que había sido condenado a un año de prisión (que no cumplió). Según el relato de la familia de una segunda víctima, pactó con ellos que no denunciasen a cambio de trasladarlo a otro pueblo. López lo niega. Los sucesivos obispos, Atilano Rodríguez (actual prelado en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara) y Raúl Berzosa, en el cargo hasta 2019, continuaron manteniendo a Galán en varias parroquias y en contacto con menores. En la actualidad, el cura forma parte de la vicaría judicial, encargada de juzgar, entre otras cosas, los casos de abusos. La diócesis no ha querido aclarar qué obispo volvió a destinarle a una parroquia tras la condena. Atilano Rodríguez tampoco ha querido aclararlo y se remite a la diócesis.
Caso archidiócesis de Madrid
En determinados episodios es complicado conocer el nivel de encubrimiento o de implicación de los obispos en casos de abusos conocidos. En la mayoría de los casos, las reuniones que mantienen con las víctimas o denunciantes no constan en ningún registro, por lo que habitualmente siempre hay dos relatos contradictorios: el de los afectados y el de la Iglesia. Por ejemplo, en los años 2000 unos catequistas de la archidiócesis de Madrid denunciaron a un cura de Aluche por abusar de una menor. El clérigo fue condenado a dos años de cárcel y el arzobispado a pagar una indemnización como responsable subsidiario de 30.000 euros. Los catequistas aseguraron que acudieron a la justicia civil porque el obispado no hizo nada cuando le comunicaron lo sucedido por carta. Además, según cuentan, el por entonces arzobispo, el cardenal Antonio María Rouco Varela, les expulsó y ejerció presiones para que el caso no saliera a la luz.
