La compañía de comercio electrónico Amazon ha despedido a al menos tres empleados que apoyaron las protestas de los chalecos amarillos en Francia, informa la Radio Francia Internacional.
Los trabajadores despedidos expresaron su apoyo a los manifestantes en redes sociales, dieron consejos en relación a las protestas e instaron a bloquear los almacenes de Amazon en el norte de Francia. La compañía ha confirmado el hecho, pero ha desmentido que la medida tuviera una motivación política, esgrimiendo que los empleados violaron sus obligaciones contractuales, informó RT.
La ley que ultima el Parlamento francés para contrarrestar los disturbios registrados en las manifestaciones de los "chalecos amarillos" ha generado una gran controversia en el país, puesto que asociaciones y partidos de la oposición la consideran liberticida.
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En el punto de mira del texto, que será votado mañana en primera lectura por los diputados, está sobre todo el artículo 2, que habilita a las autoridades a prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a personas consideradas peligrosas.
El Gobierno lo justifica como única medida para proteger a los participantes pacíficos de los alborotadores habituados a reventar las manifestaciones, que han provocado escenas de guerrilla urbana en las protestas de los "chalecos amarillos".
"Tenemos que disponer de los medios para garantizar las libertades individuales", aseguró el ministro francés del Interior, Christophe Castaner, quien calificó a los alborotadores de "brutos" que buscan "romper vidas y amenazar a policías".
La ley tiene el apoyo para salir adelante de los conservadores y de la mayor parte del partido del presidente francés, Emmanuel Macron, la República en Marcha.
Sin embargo, la controversia es tal que una quincena de los más de 200 diputados de la mayoría "macronista" ya han dicho que no votarán a favor de una ley que temen que pueda ser mal utilizada.
Estos discrepantes aseguran que no dudan de que el actual inquilino del Elíseo lo hará con mesura, pero no quieren dejar un arma de ese tipo en manos de otro presidente, en particular, señalan, si procede de la extrema derecha.
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Amnistía Internacional, la Liga de Derechos Humanos, algunos sindicatos policiales y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa han mostrado su disconformidad con ese artículo 2.
Ese punto permite al delegado del Gobierno o a la policía vetar la participación en manifestaciones a personas que, a su juicio, representen "una amenaza de especial gravedad contra el orden público", a quienes impone multas de seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa en caso de infracción.
En Francia recuerdan que tras las manifestaciones de mayo de 1968 se instauró una ley similar que fue abolida con la llegada de la izquierda al poder a principios de los años 80.
