La Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones.
El problema que más inquieta y preocupa al papa Francisco, la pederastia en la Iglesia, solo se conoce parcialmente en España a través de los casos tramitados en los tribunales de justicia.
Los jueces han dictado en los últimos 30 años, según los registros del Centro de Documentación Judicial, hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores de edad. Las penas impuestas han ido desde la multa económica hasta los 21 años de prisión; algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros.
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España tiene 23.000 parroquias y 18.000 sacerdotes. Las condenas judiciales por pederastia afectan a menos del 0,2% de los religiosos. En media docena de las sentencias conocidas, los hechos probados explican cómo las víctimas denunciaron primero los abusos en la Iglesia y, ante la falta de respuesta, decidieron acudir a los tribunales.
Mientras que el Código Penal castiga los abusos a menores con años de cárcel, los tribunales eclesiásticos aplican el Código Canónico, que solo prevé penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo determinado y, en casos muy graves, la expulsión del estado clerical.
Silencio eclesiástico.
Ni la Conferencia Episcopal ni la inmensa mayoría de las 70 diócesis españolas consultadas por EL PAÍS han facilitado información sobre las denuncias por pederastia que han conocido o tramitado y juzgado en las últimas décadas. Cinco de las 18 diócesis que respondieron a este periódico señalaron que no les constaba ningún caso: Burgos, Santiago, Teruel, Barbastro y Segovia. Otras cuatro admitieron al menos un caso: Oviedo, Plasencia, Guadix y Vic. La diócesis de Sigüenza-Guadalajara explicó que había recibido una denuncia falsa. Bilbao, Madrid o Soria evitaron hablar de las denuncias recibidas. Más de 50 diócesis ni siquiera contestaron a los correos electrónicos remitidos por este periódico.
El papa Francisco, empeñado en limpiar la imagen de la Iglesia con una política de mano dura contra la pederastia, ha convocado para febrero una cumbre con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo donde abordará el problema de los abusos a menores. La transparencia en su Pontificado ha sido hasta ahora más bien escasa.
Roma ve 500 casos al año
La Congregación para la Doctrina de la Fe, ministerio de la Santa Sede que aplica el derecho canónico a los casos de pederastia que le llegan de todo el mundo, hace público un breve resumen de su actividad disciplinaria desde 2012.
Cada año ingresan en ese organismo entre 400 y 500 casos de abusos a menores, aunque la información que facilita la Congregación no detalla cuántos procedimientos corresponden a cada país. Este periódico preguntó al Vaticano por el número de casos que proceden de España y no obtuvo respuesta. Pese al hermetismo, hay un significativo empeño del papa Francisco por trasladar a los obispos la necesidad de ser implacables contra los delitos sexuales que conozcan.
La Conferencia Episcopal de Alemania ha investigado los hechos y trasladado sus conclusiones al Papa: 3.677 casos de pederastia en los últimos 70 años. Las autoridades eclesiásticas españolas no han pedido información a sus 70 diócesis para elaborar un trabajo similar: “No podemos informar sobre esos asuntos; primero por respeto a las víctimas y después porque somos un órgano colegiado, la información depende de las diócesis, que solo responden ante el Papa”, señalan. Varias diócesis, entre ellas la de Madrid, aseguraron a EL PAÍS que están dispuestas a colaborar con la Conferencia Episcopal “en lo que haga falta”.
La opacidad en la Iglesia española y la falta de colaboración con la justicia sufrieron un serio revés a partir de marzo de 2010, cuando el papa Benedicto XVI hizo pública su Carta Pastoral a los católicos de Irlanda, golpeados por el escándalo de los abusos a menores en su Iglesia, y aprobó nuevas normas para tratar el problema: ordenó a las conferencias episcopales que elaboraran un protocolo de actuación con medidas preventivas y líneas claras de actuación en los procesos judiciales eclesiásticos.
Unos meses después de aquella instrucción papal, la Conferencia Episcopal Española redactó su protocolo de actuación para asumir las reglas impuestas desde Roma. El protocolo señala que “si hay indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo, la autoridad eclesiástica invita o aconseja a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la policía, el ministerio fiscal o el juzgado de instrucción”.
Siete años después de ese documento de la Conferencia Episcopal, al menos tres de las 70 diócesis (Sigüenza, Astorga y Burgos) han aprobado protocolos más amplios donde consideran “imprescindible” que el Obispado “notifique a los servicios especializados y al ministerio fiscal” la información de que disponga.
Esos nuevos protocolos recuerdan que desde 2015 hay una ley vigente en España de protección jurídica del menor que les obliga a notificar las denuncias que reciban. “Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal”, señala su artículo 13.4.
Desde 2010, se han registrado dos casos donde las diócesis —Ciudad Real y Castellón— han comunicado a la Fiscalía las denuncias recibidas por abusos dentro de la Iglesia. Sin embargo, este comportamiento todavía no se ha generalizado.
Los dos procesos que más escándalo social han causado en estos años, Granada —caso Romanones— y León —Seminario de La Bañeza—, fueron gestionados por las respectivas diócesis con secretismo. Solo el malestar de las víctimas por el trato recibido de la Iglesia provocó que sus procesos eclesiásticos se hicieran públicos.
En la causa abierta en Granada por el caso Romanones, el denunciante acudió a la Fiscalía tras desconfiar del tribunal eclesiástico que había empezado a instruir el caso.
Secreto pontificio.
Durante el juicio, el abogado del sacerdote llegó a pedir la nulidad de una de las pruebas: el testimonio de tres sacerdotes ante el tribunal eclesiástico de la diócesis de Granada. El letrado denunció que esa prueba estaba bajo secreto pontificio y por ello se vulneraba un derecho constitucional reconocido en el artículo 2.3 del Concordato. El acuerdo firmado entre España y el Vaticano establece que “en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio”.
El tribunal admitió la complejidad del problema legal planteado por el abogado del cura de Granada y aceptó prescindir de la prueba porque ninguna de las partes hizo referencia a la misma durante el juicio. Pero dejó claro que no habían quebrantado el procedimiento canónico dado que fue Roma —la Congregación para la Doctrina de la Fe— quien autorizó al obispo de Granada a la entrega voluntaria del testimonio de los sacerdotes. Finalmente, la Audiencia de Granada absolvió al principal acusado.
