Lisboa, 26 oct (EFE).- El juez portugués Joaquim Neto de Moura está siendo investigado, tras conocerse la polémica sentencia en la que justifica la agresión sufrida por una mujer por cometer adulterio que genera indignación y rechazo en el país.
El dictamen de Neto de Moura, que hoy suscitó también una carta abierta de organizaciones feministas y de apoyo a la víctima, es objeto de investigación por parte del Consejo Superior de Magistratura.
El órgano judicial analizará en su próximo consejo plenario el fallo, en el que el magistrado recurre a la Biblia y a un Código Penal de 1886 para justificar la violencia machista contra una mujer por ser adúltera.
"Existen sociedades en las que la mujer adúltera es lapidada hasta la muerte. En la Biblia, podemos leer que la adúltera debe ser castigada con la muerte. No hace mucho tiempo la ley penal (de 1886) castigaba con una pena poco más que simbólica al hombre que, encontrando a su mujer en adulterio, la matase", según la sentencia.
Estos argumentos han causado indignación en Portugal y, a raíz del caso, la prensa local ha recuperado otras sentencias del mismo juez en las que utiliza explicaciones similares.
Al hilo de otro caso de violencia de género, Neto de Moura señala en una sentencia de 2016 que una mujer adúltera es "una persona falsa, hipócrita, deshonesta, desleal, fútil, inmoral" y, por ello, no sería sorprendente que "recurra al embuste" para acusar a un hombre de malos tratos.
Algunas asociaciones, entre ellas la Unión Mujeres Alternativa y Respuesta, la Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima y Capaces Asociación Feminista, publicaron hoy una carta abierta en la que proponen que se investigue al juez y que todos los magistrados reciban formación en igualdad de género.
La polémica ha llevado a pronunciarse incluso a autoridades del país, como el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, preguntado el miércoles por los periodistas sobre qué pensaba de la sentencia.
Sin mencionar casos concretos, Rebelo de Sousa señaló que es una "cuestión de principio obvia" que los poderes del Estado, entre ellos los jueces, deben cumplir la Constitución de 1976.
La ministra portuguesa de Justicia, Francisca Van Dunem, comentó el caso "como ciudadana" y afirmó que tiene "una concepción de igualdad que no es compatible con cierto tipo de patrones".
Este viernes se han convocado protestas en Lisboa y Oporto para mostrar rechazo al polémico dictamen.
