Los fiscales rechazaron la acusación argumentando que hubo consentimiento, algo amparado por la ley francesa, aunque se trate de una menor.
Era la tercera vez que se encontraban. "Voy a enseñarte cómo se besa", le dijo el hombre de 28 años, padre de dos hijos. Así convenció a la niña de 11 de acompañarlo hasta su casa, ubicada en los suburbios parisinos.
Ni bien entraron, tuvieron sexo en la escalera. Una vez que terminaron, la dejó ir. Angustiada, la niña regresó a su casa y les contó a sus padres lo que había ocurrido. Inmediatamente, hicieron la denuncia policial. Un hombre había violado a su hija.
Esta semana, cinco meses después, los fiscales a cargo de la causa desistieron de la acusación contra el hombre. Dijeron que no había evidencias de que hubiera sido violento o la hubiera amenazado de alguna manera.
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Eso significaría que hubo consentimiento y que, en los términos de la ley francesa, no pudo haber violación. El acusado sí irá a juicio por abuso de menores, cargo mucho más benigno, que ostenta una pena máxima de cinco años de cárcel.
La abogada de la familia repudió la decisión de los fiscales. En primer lugar, argumentó que el abusador la amenazó con arruinar su reputación si le decía a alguien lo que había hecho. Por otro lado, afirmó que nunca podría haber un consentimiento real de una niña de 11 años para tener sexo con un adulto. Someterse no significa consentir.
La madre dijo que su hija se paralizó cuando se desencadenó todo. "Pensó que era demasiado tarde, que no tenía derecho a resistirse y que no podía hacer nada. Entró en piloto automático", le contó a Mediapart.
La legislación francesa sostiene que solo se puede considerar violación a un acto sexual cuando hay violencia o coerción. Si bien establece que la edad de consentimiento es 15 años, el punto en el que se diferencia de otros países europeos es que tener relaciones con alguien menor no se considera automáticamente violación. Si no se puede probar explícitamente la violencia, es solo abuso de menores.
El caso despertó la indignación de la opinión pública. Ya hay organizaciones defensoras de los derechos de los niños pidiendo al Parlamento una modificación urgente del marco legal.
