La policía francesa desalojó este viernes un campamento de refugiados con más de 2 mil personas que se había formado en torno a un centro de acogida situado en el perímetro norte de París.
En un comunicado la prefectura de la capital francesa explicó que cerca de 350 agentes, así como un centenar de personas de los servicios del Estado y de entidades asociadas participaban en el desalojo de los ocupantes del campamento.
La institución parisina justificó el desalojo argumentando que estos "campamentos ilícitos" suponen "riesgos importantes para la seguridad y la salud tanto de sus ocupantes como de los vecinos" y hay un decreto que permite desmantelarlos.
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Desde el 2015 la policía francesa ha llevado a cabo un total de 34 desalojos de campamentos de refugiados tan solo en París.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, pidió el jueves que se legisle para garantizar la acogida y la integración de los refugiados, y para que se creen otros centros similares pero repartidos por todo el país.
A su juicio, Francia tendría que aumentar las plazas de acogida de refugiados de 50.000 en 2018 y de 75.000 en 2022.
Contexto
París propone una ley para repartir a los inmigrantes por toda Francia
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, propuso hoy a los diputados franceses una ley para la acogida de inmigrantes y la integración de refugiados en la que se establezcan mecanismos para repartirlos por el territorio nacional, ante los problemas de concentración en la capital.
En su texto, de una decena de páginas, Hidalgo abogó también por crear centros humanitarios de acogida temporal en todo el país, como el que se abrió en el norte de París en noviembre del año pasado.
"No nos enfrentamos a una crisis migratoria, sino a una crisis en la recepción de los inmigrantes", aseguró la alcaldesa en una rueda de prensa en este centro de acogida parisino.
En uno de los artículos de su proposición legislativa, fija el plazo máximo de tramitación de las peticiones de asilo en seis meses, como quiere el Gobierno.
En otro, prevé una mejora en la atención a los menores, cuya edad sería evaluada por la administración del Estado y no por los departamentos, como sucede ahora.
La alcaldesa socialista apostó por aumentar las plazas de acogida para demandantes de asilo de 50.000 en 2018 a 75.000 en 2022, financiadas por el Estado gracias a una partida presupuestaria que pasaría de 316 millones de euros en 2018 a 406 millones de euros en 2022.
La iniciativa de Hidalgo, que calificó la actual política de integración francesa de "débil", se conoce una semana antes de que el Gobierno anuncie una serie de medidas relacionadas con el asilo y con la lucha contra la inmigración irregular.
