En el Consejo Supremo Electoral (CSE), este jueves se dio lectura al convenio de participación dentro del proceso electoral municipal 2022; donde la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la República
darán acompañamiento a los 3 mil 106 centros de votación este 6 de noviembre en Nicaragua.
Este convenio es de materia de derechos humanos y ayuda mutua, para el proceso de las elecciones soberanas; donde a dichos poderes del estado se les garantizará su participación en los centros de escrutinio nacional.
“La presencia de los procuradores serán garante de esa cultura de ética, de respeto, transparencia y a la paz; que en todas y cada una de las fases y momentos del proceso. Estarán desde el inicio al final, posteriormente dichas procuradurías brindarán su informe sobre el ejercicio del derecho político de las y los nicaragüenses”; manifestó Brenda Rocha, presidenta del CSE.
Las procuradoras Darling Ríos y Wendy Morales desde su experiencia; garantizarán la labor social de atención a los ciudadanos.
Acerca del convenio
El convenio acuerda que bajo el reglamento de la constitución política promueve como presupuesto básico la defensa y tutela de los derechos humanos; por tanto, la creación y el fortalecimiento de instituciones, para el trabajo de vigilancia y control de la actividad del estado.
“Contribuir con las instituciones nacionales del estado, gobierno y la sociedad civil a garantizar dentro del estado derecho la seguridad de las personas y los derechos humanos, velar por el cumplimiento de los derechos políticos contemplado de la constitución política de la República; desde el punto de vista de los derechos humanos de parte del órgano de administración pública”, señaló Rocha.
Entre los objetivos de dicho convenio también está contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales y con ellos a la consolidación de la democracia y la participación ciudadana en nuestro país así como el fortalecimiento de la formación nacional y el compromiso social de los funcionarios de la Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
