Luego de que el Gobierno de Estados Unidos suspendiera los servicios legales para niños migrantes no acompañados; la administración de Donald Trump restableció la medida el pasado viernes como parte de su estrategia para intensificar las deportaciones masivas en el país.
La suspensión de asistencia jurídica para estos menores fue anunciada el martes y buscaba que enfrentaran los procesos en cortes de inmigración sin representación legal, obligándolos a defenderse por sí mismos contra abogados del gobierno; sin recibir una orientación adecuada sobre sus derechos y opciones legales.
El hecho de restablecer el programa jurídico por parte del Gobierno estadounidense se produce tras una fuerte movilización de activistas y ciudadanos convocados por el Acacia Center for Justice (Centro Acacia para la Justicia); quienes en tan solo unos días enviaron más de 15.000 cartas al Congreso solicitando la restitución de estos servicios.
Dicho programa, financiado a través de un contrato de 200 millones de dólares; permite que Acacia y sus subcontratistas proporcionen representación legal a unos 26.000 niños, además de ofrecer formación jurídica a otros 100.000 más.
EE. UU. avanza en deportación de menores
El programa se financia mediante un contrato de cinco años, pero el gobierno puede decidir al final de cada año si lo renueva o no. La fecha límite para la decisión de este año es marzo.
De acuerdo con datos del Gobierno, más de 600.000 niños inmigrantes han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México sin un padre o tutor legal desde 2019.
Asimismo, solo el 15 por ciento de los inmigrantes en septiembre pasado, incluidos los niños no acompañados, tenían un abogado que los ayudara en los casos de un Tribunal de Inmigración cuando se emitió una orden de deportación, según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
Todo ello forma parte de la política de “tolerancia cero” promovida por el mandatario estadounidense durante su primer mandato, y que aún continúa, que condujo a la separación de los niños migrantes de sus padres en la frontera.
De este modo, los niños eran enviados a refugios infantiles administrados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia gubernamental que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que sus padres eran detenidos o deportados.
