Dos docenas de personas fueron acusadas formalmente en el estado deGeorgia, en EE.UU. el mes pasado por cargos de tráfico ilícito de migrantes mexicanos y centroamericanos.
Además de obligarlos a vivir en campamentos y trabajar en granjas en el estado en lo que las autoridades dicen que era una empresa ilegal similar a una “esclavitud moderna”.
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Denominada “Operation Blooming Onion,” (Operación Cebolla Floreciente, en español) la investigación de un año reunió a varias agencias federales para investigar una «organización criminal transnacional».
Esta presuntamente se dedicaba a la trata de personas, fraude de visas; además de trabajo forzoso, fraude postal, lavado de dinero y otros delitos con los que habían conseguido más de 200 millones de dólares.
Los miembros de esta red están acusados de aprovecharse del programa federal de visas para trabajadores agrícolas invitados, conocido como H-2A. Esta para estafar a trabajadores inmigrantes de México, Guatemala, Honduras y otros países.
Red criminal de traficantes de migrantes en EE.UU.
Los trabajadores también fueron obligados a trabajar a punta de pistola, dicen los documentos judiciales. Estos ganando 20 centavos por cada balde de cebollas que desenterraban con las manos. Algunos fueron vendidos a granjas en otros estados.
De manera que los acusados enfrentan cargos que pueden llevar hasta cadena perpetua.
La operación representa una de las investigaciones de tráfico de personas y fraude de visas más grandes del país, según el Departamento de Justicia (DOJ) en EE.UU.
Esta es la primera que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. persigue bajo un “nuevo modelo de explotación laboral; que tiene como objetivo castigar a los “empleadores sin escrúpulos” en lugar de a los inmigrantes indocumentados de los que estos se aprovechan.
Nuevo modelo de explotación laboral
La red criminal de migrantes supuestamente estaba muy extendida y operaba en Georgia, Florida, Texas; también en México, Guatemala y Honduras.
Los documentos judiciales establecen que los acusados amenazaron a los migrantes con violencia y con una posible deportación; les cobraban tarifas exorbitantes que no podían pagar por el transporte, la vivienda y la comida. Además retenían sus documentos de viaje e identificación para obligarlos a trabajar.
Durante años, los migrantes fueron llevados a Estados Unidos con falsos pretextos y presionados para trabajar en granjas como jornaleros y vivir en condiciones insalubres y hacinados; sin acceso regular a alimentos y agua, según la acusación.
Algunos migrantes también fueron forzados ilegalmente a cuidar el césped o trabajar en sitios de construcción o en cocinas de restaurantes.
