Nueva York, 20 ago (EFE).- Un juez de Nueva York ha impuesto este jueves una fianza de cinco millones de dólares a Steve Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y que fue detenido por presuntamente defraudar cientos de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción del muro en la frontera con México, de lo que se ha declarado "no culpable".
El juez Stewart Aaron también ha impuesto al controvertido exasesor presidencial restricciones de viaje y, de este modo, no podrá trasladarse al extranjero, ni usar aviones privados o barcos sin el expreso permiso del juez, según medios locales.
Bannon, cuya próxima comparecencia ha sido fijada para el 31 de agosto, deberá suspender también la recaudación de fondos que había emprendido con otros tres socios que también han sido imputados bajo las acusaciones de fraude y blanqueo de dinero.
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La fianza deberá estar garantizada por el pago de 1,7 millones de dólares en efectivo o en propiedades por parte del afectado y otros avalistas.
El medio Law and Crime apunta que el controvertido Bannon solo podrá desplazarse a Manhattan y Brooklyn en Nueva York (donde se encuentran los distritos judiciales del sur y el este de la ciudad), así como a Washington capital, Maryland, Viriginia y ciertas partes de Connecticut por motivos de trabajo.
Según los fiscales, Bannon y los otros tres implicados orquestaron una trama para desviar dinero recaudado en el marco de la campaña "We Build the Wall" ("Nosotros construimos el muro"), que recaudó más de 25 millones de dólares.
La iniciativa prometió que todos esos fondos se destinarían a financiar la gran promesa electoral de Trump, pero esas afirmaciones eran “falsas”, apunta el documento de acusación presentado ante un tribunal federal de Nueva York.
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“En realidad, (…) los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares que usaron de forma inconsistente con las manifestaciones públicas de la organización”, señala el escrito de la Fiscalía.
El polémico exasesor de Trump, que dejó la Administración en 2017 y ha colaborado con formaciones de extrema derecha en varios países, está imputado con un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de conspiración para el blanqueo de dinero, dos delitos que pueden acarrear penas máximas de 20 años de cárcel cada uno.
