Un ciudadano estadounidense que participó en el Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela fue detenido, registrado e interrogado por segunda vez por agentes del gobierno de Estados Unidos sobre sus creencias políticas y su participación en el movimiento antiguerra.
De regreso de una visita de navidad a su familia en Nicaragua, el ciudadano estadounidense de 31 años, Sergio Lazo Torrez, fue detenido por oficiales de la Patrulla de Fronteras y Aduanas (Customs and Borders Patrol, CBP) en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale este 20 de enero, y luego interrogado por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) que le preguntó sobre su participación en el movimiento antiguerra de Estados Unidos.
Torrez participó en el Colectivo de Protección de la Embajada de Venezuela, un grupo de activistas y periodistas formado en abril del 2019 para defender la embajada de Venezuela en Washington, D.C. contra un intento de toma de control por parte de la administración golpista y respaldada por Trump de Juan Guaidó.
Como informó The Grayzone, Torrez fue detenido anteriormente por CBP en el Aeropuerto Internacional de Dulles el 2 de agosto tras regresar de un viaje de solidaridad a Venezuela con otros miembros del colectivo, incluido este reportero. Allí, fue interrogado durante varias horas sobre sus actividades en Caracas y se vio obligado a entregar su teléfono celular para una inspección.
Torrez describió el interrogatorio del 20 de enero como más largo y más intrusivo que el anterior. “Me hicieron sentir impotente porque no puedes defenderte y pueden hacer lo que quieran”, dijo a The Grayzone. “Pese a que soy ciudadano de Estados Unidos, me dijeron que cada vez que regrese al país, me veré obligado a pasar por lo mismo”.
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Sergio Lazo Torrez, ciudadano estadounidense de 31 años, ha sido interrogado dos veces por funcionarios estadounidenses acerca de sus creencias políticas y su activismo antiguerra.
Detenido e interrogado por segunda vez. Esta vez por el departamento de seguridad nacional. El país de las libertades y q pregonero de la democracia, persigue y asedia a sus ciudadanos por no estar de acuerdo con la política invasora del imperio. #FSLN #Nicaragua #Venezuela https://t.co/uu0ZH3W29U
— Sergio Torrez (@slazo88) January 30, 2020
Tan pronto Torrez llegó al puesto de aduanas en Fort Lauderdale, lo llevaron a un lado y lo escoltaron a una habitación sin ventanas. Dos agentes del DHS vestidos de civil entraron y procedieron a interrogarlo.
Inmediatamente, investigaron sus conexiones con el movimiento antiguerra en EE. UU., enfocándose en las organizaciones Code Pink e International Answer, y exigiendo nombres de amigos en ambas agrupaciones.
Code Pink y Answer ayudaron a organizar la defensa de la embajada venezolana en Washington el año pasado, y participaron en el viaje de solidaridad de agosto que culminó con una reunión con el presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro.
Según Torrez, los agentes del DHS exigieron saber quién pagó el viaje a Venezuela, y qué se discutió en el Foro de Sao Paulo, donde participó el Colectivo de Protección de la Embajada.
Luego, los agentes del DHS preguntaron si alguna de las personas con quien Torrez viajó les había dado dinero o regalos a funcionarios venezolanos. Torrez dijo que no.
Torrez explicó que estaba en Nicaragua simplemente para celebrar la navidad y el año nuevo con su familia. Luego preguntó al agente: “¿Parezco un terrorista? La mayoría de las personas que cometen actos terroristas en Estados Unidos son hombres blancos que realizan tiroteos masivos”.
Tras casi cuatro horas de interrogatorio y encierro, Torrez fue puesto en libertad. Al salir, los oficiales del DHS le entregaron una tarjeta que lo dirigía a una línea telefónica directa para viajeros que son sometidos a inspecciones secundarias frecuentes. Le dijeron que puede esperar que lo interroguen cada vez que regrese a EE. UU. de un viaje al extranjero.
Actualmente, cuatro miembros del Colectivo de Protección de la Embajada están siendo juzgados por ingresar sin autorización e interferir con las funciones del Departamento de Estado de EE. UU. Kevin Zeese, Margaret Flowers, Adrienne Pine y David Paul enfrentan cargos federales punibles con hasta un año de prisión, una multa de 100 mil dólares cada uno y, de ser condenados, restitución al gobierno por tiempo policial y daños.
