Washington, 25 oct (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su política de separar las familias de inmigrantes indocumentados tras su detención en la frontera, apartó de sus parientes a 1.566 menores de edad más de lo que se había informado, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La organización defensora de las libertades civiles indicó que el Departamento de Justicia divulgó la cuenta final, que sitúa en 5.460 niños el total que fueron separados de sus familiares mientras se aplicó esta política, pocas horas antes de que venciera el plazo dado por un tribunal federal para la identificación de todos los niños apartados de sus parientes desde mediados de 2017.
Política inhumana e ilegal
"Es impresionante que otras 1.566 familias, incluidos bebés e infantes, se sumen a los otros miles ya separados por esta política inhumana e ilegal", señaló en una declaración Lee Gelernt, abogado de ACLU.
"Las familias han sufrido tremendamente y algunas quizá jamás se recuperen", añadió.
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Gelernt añadió que el Departamento de Justicia ha estado remitiendo a esa organización los nombres de familias separadas y completó esos registros el jueves, pero expresó su preocupación porque los familiares adultos hayan sido deportados sin sus niños.
"Estas son familias que tendremos que buscar por todo el mundo", dijo Gelernt. "Estamos en el proceso de buscarlas".
La mayoría de los niños, separados de sus familias tras cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos, son menores de 12 años, incluidos más de 200 con edades por debajo de los cinco años.
Durante su campaña electoral en 2016, Trump prometió una política severa para detener la inmigración ilegal y un año después su Gobierno empezó a separar de sus familiares a los menores de edad que fueron recluidos en centros de detención o llevados a diferentes partes del país.
En muchos casos sus familiares, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron deportados o retornaron a sus países sin conocer el paradero de sus hijos.
En abril pasado, el juez federal Dana Sabraw, de un tribunal de San Diego (California), dio un plazo de seis meses al Gobierno de Trump para que suministrara a ACLU el recuento de todos los menores puestos bajo custodia federal y separados de sus familias.
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La organización defensora de los derechos civiles inició querellas ante los tribunales, dentro de un programa que ha puesto en marcha para ubicar a todas las familias afectadas y verificar que los niños han sido reunidos con sus parientes.
Según ACLU, los niños fueron liberados de los albergues federales entre el 1 de julio de 2017 y junio de 2018, cuando Sabraw ordenó al Gobierno que cesara la práctica de separar adultos y menores, y que reuniera a más de 2.700 niños aún bajo su custodia.
Pero entonces ni Sabraw ni ACLU sabían que había otros menores de edad que habían sido separados de sus familias meses antes y ubicados en albergues administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).
Un informe de la Inspección General del HHS reveló en enero pasado que el Gobierno podría haber separado más familias que las informadas hasta entonces.
El mes pasado, el Gobierno de Trump puso en práctica una nueva política para el otorgamiento de asilo bajo la cual los migrantes que lo soliciten deben permanecer en cualquier otro país por el cual hayan cruzado hasta que se complete el trámite de sus solicitudes.
Decenas de miles de centroamericanos aguardan ahora en México el procesamiento de sus pedidos de asilo.
